Lo que ocurre con la entrega de medicamentos y la atención hospitalaria en Colombia no tiene otro nombre que tragedia.

No es solo una crisis de gestión, es una humillación cotidiana para miles de ciudadanos que, a pesar de estar afiliados, deben suplicar por tratamientos, hacer filas interminables, o simplemente resignarse a no recibir las medicinas que necesitan.

Mientras el presidente Gustavo Petro insiste en negar la gravedad de la situación y acusa a la prensa de desinformar, la realidad es inapelable: en sedes como el dispensario de Disfarma en el norte de Cali, adultos mayores y pacientes crónicos son dejados sin atención, sin orientación y sin medicinas.

La explicación oficial habla de ajustes, de pico y cédula, de giros presupuestales ya hechos.

Pero si el gobierno, dueño de la Nueva EPS, no logra que su propia entidad funcione tras su intervención, ¿cómo pretende seguir insistiendo en reformar el sistema sin asumir su responsabilidad básica de administración? Mientras se tramita una reforma estructural, el deber del gobierno es garantizar que el sistema actual funcione al menos con dignidad, y eso hoy está lejos de suceder.

Lo que está pasando en Cali con los medicamentos es apenas una cara del desastre. La red hospitalaria del Valle del Cauca opera al 300% de su capacidad, según lo confirmó la Secretaría de Salud Departamental.

Esto no es una estadística más: significa que en lugar de atender a 100 pacientes, se atienden 300 con los mismos recursos, la misma infraestructura y el mismo personal médico.

El colapso es inevitable, y ya se traduce en demoras, deterioro en la calidad del servicio, y más sufrimiento para quienes menos pueden pagarlo.

¿Quién miente? Si el gobierno ya pagó, ¿por qué no se entregan los medicamentos? Y si no pagó, ¿por qué engañar a los ciudadanos? Esta cadena de omisiones y contradicciones está quebrando la confianza de los colombianos en el sistema de salud y en quienes lo dirigen.

Más allá de las cifras y los discursos, lo que se está viviendo es una tragedia humana, y frente a eso, el gobierno no puede seguir lavándose las manos, tiene que asumir la responsabilidad.

Administrar no es destruir ni gobernar es culpar, gobernar es responder, y este gobierno está evadiendo esa obligación en medio de una crisis que le pertenece.

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