Resulta preocupante y desconcertante que Cali no haya sido incluida entre las ciudades en las que se realizará la avanzada de la nueva política de seguridad del presidente Gustavo Petro, pese a ser la ciudad más violenta del país.

Los números no mienten. Con una triste realidad que cobra vidas, Cali experimenta un promedio de homicidios que supera los 1.000 casos al año, y en lo que va del 2023, la ciudad ha visto más de 14.000 hurtos registrados, sin contar los que no se denuncian, mientras que la extorsión se afianza en su escalada. Es una situación alarmante.

El silencio presidencial sobre Cali resulta aún más desconcertante considerando la masiva votación que la ciudad otorgó Petro.

Esta desconexión entre el compromiso expresado en las urnas y la falta de atención posterior resulta decepcionante para aquellos que depositaron su confianza.

La exclusión de Cali en los planes de inversión en seguridad del presidente Petro plantea serias dudas sobre la lógica detrás de estas decisiones. Siendo la ciudad más violenta de Colombia, y con una posición alarmante como la 32 en el mundo.

Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, que son las ciudades anunciadas para ser avanzadas en la nueva política de seguridad merecen su atención, sin lugar a dudas. Sin embargo, esta selección sin la inclusión de Cali, resulta incomprensible.

Es tiempo de que la voz de Cali sea escuchada y atendida, no como una concesión política, sino como un deber ineludible en la construcción de una Colombia más segura y justa para todos.

El presidente Petro tiene la oportunidad de rectificar este error estratégico y demostrar un compromiso real con la ciudad que, lamentablemente, ha sido ignorada en este crucial momento en el que necesita la mano del gobierno nacional para combatir el crimen.

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