Desde hace varios días han surgido interrogantes sobre la posibilidad de que grupos armados ilegales hubieran ejercido presiones sobre comunidades en territorios bajo su influencia para favorecer la votación del entonces candidato presidencial Iván Cepeda.

Los resultados registrados en algunos municipios, con incrementos de participación muy superiores al promedio nacional y concentraciones de votación superiores al 80%, e incluso cercanas al 100% en determinadas mesas, llevaron a plantear la necesidad de investigar si existió algún tipo de constreñimiento armado al elector.

Ahora, las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol agregan nuevos elementos a esas inquietudes.

Los audios conocidos muestran conversaciones sostenidas durante los primeros días del gobierno del presidente Gustavo Petro entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y representantes del Clan del Golfo.

Más allá de las explicaciones ofrecidas posteriormente por los exfuncionarios involucrados, las grabaciones dejan interrogantes profundos sobre los alcances reales de esos acercamientos y sobre las concesiones que pudieron haberse discutido en nombre de la llamada “paz total”.

Particularmente inquietantes resultan las referencias a bombardeos, operaciones de inteligencia, grupos de infiltración y procesos de depuración institucional.

Porque si organizaciones criminales llegaron a tener algún nivel de incidencia sobre decisiones relacionadas con la acción de la Fuerza Pública, el asunto trasciende cualquier debate político y entra de lleno en el terreno de las responsabilidades judiciales.

Los hechos conocidos obligan a formular preguntas incómodas. ¿Hasta dónde llegaron realmente esos acercamientos? ¿Qué compromisos se adquirieron? ¿Recibieron las organizaciones criminales ventajas indebidas? ¿Contribuyeron determinadas decisiones gubernamentales al fortalecimiento de estas estructuras?

El dato conocido al final de la investigación resulta particularmente revelador: mientras en 2022 el Clan del Golfo contaba con 4.061 integrantes, en 2025 la organización alcanzó 9.915 miembros.

Es decir, más que duplicó su tamaño durante los primeros años del actual gobierno. Por supuesto, el crecimiento de una estructura criminal no constituye por sí mismo una prueba de responsabilidad estatal.

Pero sí obliga a preguntarse si algunas decisiones adoptadas durante la ejecución de la “paz total” terminaron favoreciendo, directa o indirectamente, la expansión de los grupos armados ilegales.

Precisamente por eso este asunto no puede agotarse en el debate mediático ni en las explicaciones políticas de los involucrados. Corresponde a los organismos de control, a la Fiscalía y a la justicia establecer qué ocurrió realmente.

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