El estallido social peruano desatado desde la semana siguiente a la defenestración del presidente es un fenómeno que debe leerse sin reduccionismo, no se trata de que lo reinstalen en el poder y todo cesaría.

Ya ni siquiera esa es ahora una petición básica. Las comunidades indígenas reclaman por la disolución del Congreso, nuevas elecciones y una reforma constitucional de fondo, con proceso Constituyente.

Y adelantan un proceso de protestas de tipo destituyente, la renuncia de Dina Boluarte y la reestructuración del aparato del Estado.

Al ver desalojado del poder al presidente popular la interpretación del sentir popular fue de asalto o robo del poder al pueblo, sin considerar los errores de Castillo.

Lo sintieron como la usurpación del poder, las derechas lo retomaron y consiguieron sin ganar la elección, entonces, los pueblos indígenas tuvieron claro que ninguna de las partes que integran el Congreso, los representan, ni siquiera el partido que postuló a Pedro Castillo.

Concretamente, al fin estalló la reclamación siempre negada, que los reconozcan como pueblos nacionales arrinconados desde la Conquista(1526/1542), la Colonia(1542/1822) y lo que va de períodos Republicanos (1823/2023).

Perú tiene 55 comunidades indígenas y 48 lenguas, las mayoritarias desprendidas de los Incas, son los Aymara y los quechuas.

Esas 55 etnias han sido dominadas, controladas y sojuzgadas por los criollos y mestizos desde Lima, y a las regiones se les ha hegemonizado de varias formas, comenzando por el idioma, el mismo castellano.

Entre esas comunidades indígenas están los Achuar, los Amahuaca, los Arabela, Awajun, Bora, Cauqui, Camicuru, Eseja, Harakbut, Iñapari, Iquitu, Isconahua, Kandozi, Kukama, Madua, Matses, Nanti, Ocaina, Omagua, Resígaro, Secoya, entre otros .

La educación y enseñanza nunca ha tenido cobertura sobre todo el territorio nacional para extender el idioma y complementar las lenguas nativas y raizales; estas lenguas son miradas con desdén, o sea, no se les ha incluido e incorporado con todos los derechos.

No se ha redactado en ninguna de las constituciones a las etnias en un Estado plurinacional(como se hizo en Bolivia(2008) y en Ecuador(2010).

Y como se está impulsando en Chile de la era Boric, con la reforma constitucional que se cayó en el referéndum.

Las únicas etnias en Perú que tienen identidad propia son dos amazónicas : Los Ashaniskan(esparcidos en los departamentos de Junín, Cusco, Huánuco, Pasco, Ayacucho y Ucayali), y los Aguarunas.

De esa forma no han gozado las comunidades indígenas del Perú plenamente de los derechos sociales, y les han vulnerado los derechos humanos.

Despectivamente los hijos de mezcla entre dos etnias son llamados Cholos, pero también tiene la connotación dada a un indígena cruzado con un mestizo, blanqueado y urbanizado.

A Pedro Castillo le dicen Cholo, para desclasificarlo como mestizo.

Y otros presidentes indígenas, no se han creído de ninguna de esas etnias, sino cruzados y limpiada la sangre, como Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

El estallido social peruano lleva un poco más de dos meses convulsos, donde han brotado todas las carencias sociales y los defectos de un Democracia colapsada.

El Centralismo en el Perú es uno de los factores que agrava la crisis, o mejor que no ha dejado encontrar una solución en las últimas décadas a las inequidades regionales y las exclusiones crónicas.

La pobreza de varios departamentos, la no inversión de los recursos que se les extrae, y el desdén por esas zonas los hunde en el atraso.

El Centralismo lo absorbe todo.

Perú necesita de un modelo territorial federalista.

La forma federal permitiría una autonomía económica a las regiones y una participación política directa para tomar decisiones.

Este estallido social es una rebelión desde el Sur, la parte más olvidada del Perú.

Los indígenas critican el Centralismo y sienten que su presidente Cholo(cruzado de sangres étnicas), campesino y pobre por el que votaron, fue degradado, acorralado y engañado; aunque reestablecerlo en la silla presidencial no sea ya la consigna principal.

Las matanzas en El Puno y Juliaca, para no mencionar otras zonas, evidencian que las víctimas no eran terrucos (terroristas), sino manifestantes inconformes.

La mayoría de la explotación minera se presenta en Los Andes.

Paradójicamente los habitantes en cercanía a las explotaciones mineras no reciben ningún beneficio, siendo que el crecimiento económico del país encuentra en esta actividad unos réditos enormes, además estos habitantes se ven perjudicados por el inadecuado uso de las aguas y el abuso con sus tierras.

Las multinacionales y los intereses abscónditos de la clase política en las concesiones que se han otorgado, con negociaciones secretas, hacen que cualquier reforma a sus beneficios sea objeto de reacciones traducidas en desestabilización contra el reformador.

Pedro Castillo mostró carácter para reformar la situación de la minería e hizo objeciones a la explotación del litio.

Desde el año 2017, la compañía minera Macusani Yellowcake, encontró en el Departamento de El Puno un yacimiento de litio con 25 millones de toneladas, y de contera , para mayores expectativas de los ambiciosos, se encontró en la misma zona, uranio, 124 millones de libras, aproximadamente.

El litio está adherido a las rocas.

Este mineral es conocido como el “oro blanco”, cada tonelada está calculada en el mercado en 12.500 dólares.

Con el litio se fabrican, baterías para computadores portátiles, teléfonos celulares, cámaras digitales, vehículos eléctricos, marcapasos, relojes, pilas…Desde enero del año 2022 Pedro Castillo, anunció que reformaría el contrato con la empresa canadiense “American Lithium Corp”, para lograr mayores beneficios a los ingresos del creando plantas de procesamiento para agregar valor a las exportaciones, y no solo dejar exportar la materia prima.

Una de las causas para sacarlo del poder puede encontrarse en los intereses de los negociantes y lobbystas, para mantener los pactos logrados en las concesiones mineras.

Se pude decir que Pedro Castillo fue degradado poco a poco a través de la táctica llamada Lawfare, lo llevaron con denuncias, quejas y rumores, lo acusaron de varios delitos , le abrieron investigaciones y lo desprestigiaron para hacerle perder la imagen y bases de apoyo.

Utilizaron la justicia como arma política para combatirlo y socavarle el poder.

Una campaña negra de carácter jurídico.

Afirma la investigadora argentina, Silvina Romano, de la Universidad de Buenos Aires, sobre el Lawfare, que se utiliza como, “ Parte de la conflictividad y de las tensiones políticas buscan ser dirimidas en el campo de lo jurídico(…) Se trata de un proceso de largo aliento que no se restringe a la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos(…)Esta guerra opera «desde arriba», por medio de un aparato judicial que se «eleva» por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida de equilibrio entre poderes, habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley. El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de sectores o líderes políticos” . (Romano, 2022)

Cita: Romano Silvina. “El Lawfare en América Latina: Guerra contra la política”. Columna publicada en la página Web www.nodal.am // diciembre 6 del año 2022.

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