Un juzgado de Tuluá falló una tutela y ordenó a la Unidad Nacional de Protección evaluar la seguridad de los seis concejales que se encuentran amenazados en esta ciudad.

El Juzgado Tercero de Tuluá conminó a la entidad a realizar un análisis de viabilidad de adoptar medidas de protección provisionales a favor de los ediles, que interpusieron una tutela solicitando protección.

Esta medida se da de manera transitoria, mientras se falla la tutela en primera instancia.
Según indicaron los accionantes, ya han sido amenazados y han estado en situaciones en riesgo o sufrido atentados.

Dicho fallo cobija a los tutelantes Yeline Andrea Arbeláez Jaramillo, Jorge Mario Mejía Salazar, Luz Stella Sevillano Barreiro, Javier Jaramillo Giraldo, Aldemar Ruiz Córdoba y Jovita Elizabeth Tegue Ponte, quienes han denunciado amenazas en su contra, pero solo dos cuentan con estudio de seguridad.

Protección especial

Al respecto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que “necesitamos protección especial para los cabildantes, sobre todo por el nivel de riesgo en el que ahora mismo se encuentran”.

El funcionario añadió que “mientras haya inseguridad, alteración del orden público, amenazas, falta de garantías para la protección personal, es preciso que sean elaborados planes de trabajo idóneos, con la finalidad de que permitan salvaguardar los derechos fundamentales de los regidores y sus grupos familiares”.

El mecanismo de protección constitucional también tiene como fin instar a la Mesa Directiva del Concejo de Tuluá a estudiar la implementación de sesiones virtuales, dadas las amenazas contra los cabildantes.

Camargo dijo que “ante la situación actual de peligro y riesgo extraordinario al que están sometidos estos servidores de elección popular, y teniendo en cuenta que durante el 2023 en el municipio fueron asesinadas 124 personas, es oportuno asegurar la eficacia de las medidas solicitadas. Los entes accionados deben proteger de manera integral sus derechos constitucionales”.

Así mismo, agregó que el recurso jurídico acciona no solamente a la Unidad Nacional de Protección, también a los ministerios de Defensa y del Interior y a la Policía Nacional.

Tanto el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, como la gobernadora del Valle, Dilian Francisca To han solicitado mayores esquemas de seguridad para los cabildantes.

Como se recordará, hace poco fue fue asesinado el vicepresidente del concejo de Tuluá, Carlos Arturo Londoño, quien tenía un solo escolta y la funcionaria Claribet Ocampo.

Además, las autoridades investigan un panfleto en el que un suesto nuevo grupo delincuencial llama a un toque de queda a los tulueños después de las 9 de la noche.

Tanto la Policía como el Ejército patrullan permanentemente el municipio para garantizar la tranquilidad de los tulueños

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