Una tutela contra la Unidad Nacional de Protección interpusieron los concejales amenazados de Tuluá, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, para que les brinden protección.

La medida fue tomada luego de los hechos ocurridos recientemente, cuando fueron asesinados el concejal Carlos Arturo Londoño y la funcionaria de la alcaldía de Tuluá, Clarivet Ocampo, y fueron amenazados varios funcionarios públicos, al parecer por la banda criminal La Inmaculada que opera en el centro del Valle. Además, preocupa la circulación de panfletos y amenazas a través de redes sociales.

Como se recordará, este hecho obligó a la cancelación de la Feria de Tuluá, y suspender la realización otros eventos masivos, toques de queda, militarización, entre otros.

La tutela

La tutela fue interpuesta por los concejales tulueños Yeline Andrea Arbeláez Jaramillo; Jorge Mario Mejía Salazar; Luz Stella Sevillano Barreiro, Javier Jaramillo Giraldo; Aldemar Ruiz Córdoba y Jovita Elizabeth Tegue Ponte.

Los ediles acudieron al Defensor del Pueblo del Valle, Gerson Vergara, para que se interpusiera la acción de tutela para solicitar protección.

La acción se presenta contra el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, quienes según indicaron, por omisión estarían vulnerando los Derechos Fundamentales.

El Defensor del Pueblo del Valle, Gerson Vergara, dijo que las amenazas a los concejales se conocen desde febrero del presente año, cuando solicitaron activar la ruta de protección.

Vergara explicó que las medidas de seguridad proporcionadas son insuficientes o inexistentes dadas las condiciones en las que tienen que sesionar los concejales, por lo que se está “vulnerando sus derechos fundamentales a la vida”.

El Defensor indicó como preocupante la reciente comunicación de la Unidad Nacional de Protección en su cuenta de X en la que afirmó que “la protección de los concejales de Tuluá no es una obligación exclusiva de esta entidad, sino que cuenta con otros respondientes”.

Los concejales han venido solicitando, entre otras cosas, vehículo blindado, conductor, escolta adicional y chaleco de protección, además de actualizar los estudios de riesgo.

Según se conoció, algunos concejales permanecen fuera de la ciudad y algunas sesiones se realizan de forma virtual.
Por su parte la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, manifestó que la Unidad Nacional de Protección “tiene que proteger y eso es precisamente lo que no han hecho”.

La mandataria reafirmó que la Unidad debe garantizar la protección, mientras alcaldías y gobernaciones trabajan en prevención.

Toro enfatizó que la entidad no ha cumplido con las medidas de seguridad de las personas amenazadas en Tuluá y solicitó celeridad para que atienda las solicitudes de los concejales que se encuentran amenazados desde que comenzó el 2024.

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