Cali, mayo 7 de 2026. Actualizado: jueves, mayo 7, 2026 21:34
El sábado 14 de febrero de 2026, en Cali, se realizó el evento “Cali en equipo para recuperar el país”, convocado por el concejal Juan Felipe Murgueitio.
En esa jornada participaron dirigentes y ciudadanos, y se dejó planteada una idea central: construir acuerdos alrededor de prioridades regionales, aun con diferencias políticas.
Durante el encuentro, Juan Felipe Murgueitio, el candidato al Senado Christian Garcés, el candidato a la Cámara Santiago Castro y el diputado Rafael Rodríguez firmaron un compromiso público con tres ejes de trabajo.
El documento quedó presentado como una hoja de ruta para impulsar proyectos y debates desde escenarios institucionales, incluido el Congreso.

En el componente de seguridad, los firmantes incluyeron el impulso a un proyecto de ley antibloqueos y el fortalecimiento de capacidades de la Fuerza Pública.
Además, el acuerdo incorporó una línea sobre sustitución de cultivos, con un enfoque de asociar campesinos con el sector productivo.
El compromiso también se planteó como una coordinación política para llevar estos temas a discusión legislativa, con el argumento de que el Valle necesita decisiones de orden nacional que tengan impacto directo en el territorio.
En movilidad, el documento agrupó varias obras que los firmantes ubicaron como prioritarias.
Allí mencionaron la nueva concesión del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el Tren de Cercanías, la doble calzada Cali–Rumichaca, la vía Mulaló–Loboguerrero, el dragado del canal de acceso a Buenaventura y el Tren férreo del Pacífico.
El planteamiento de fondo fue que estos proyectos se tramiten como agenda regional y no como iniciativas aisladas, para buscar continuidad en la gestión y respaldo en instancias nacionales.
El tercer eje se enfocó en reformas para “alivio a los ciudadanos”. En ese punto, el compromiso incluyó la idea de establecer topes a aumentos de avalúos catastrales y regular el negocio de las fotomultas, con el objetivo de evitar que operen como mecanismos de recaudo abusivo.
En el mismo apartado, los firmantes agregaron una propuesta de reducción del gasto de funcionamiento del Estado, con el propósito de orientar más recursos hacia inversión.
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