La minería ilegal y el narcotráfico son los dos flagelos que más afectan a los municipios del Pacífico caucano, que es escenario de una disputa a sangre y fuego entre grupos armados al margen de la ley que genera combates, asesinatos y desplazamientos. Pese a lo complejo de esta zona, la labor para investigar tal nivel de actividad criminal es mínima, pues sólo un fiscal se encarga de estas labores en Guapi, Timbiquí y López de Micay, las tres localidades de esta subregión. El funcionario lleva 1.300 casos, lo que, en términos prácticos, hace imposible que pueda dedicarle a cada investigación el tiempo necesario para establecer responsabilidades y lograr que la justicia castigue a los criminales.

¿Si esto ocurre en una zona tan compleja como el litoral caucano, qué se puede esperar en el resto del país? En todo el departamento del Cauca, que es afectado por multiplicidad de ilegalidades, existe un déficit del 55% de personal del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, faltante que en el resto del país oscila entre el 35% y el 55%, y que explica, en gran medida, porqué tanto delincuente queda libre por vencimiento de términos. En Colombia sólo se castigan 10 de cada cien delitos, la impunidad es del 90%.

Lo anterior demuestra que la criminalidad desborda la capacidad operativa del Estado y que se hace necesario una revisión urgente de la manera en la que se asignan los recursos, pues mientras la justicia no tenga capacidad de actuar, el crimen no sólo continuará atormentando a los colombianos, sino que seguirá ganando terreno y cada vez el aparato judicial será más pequeño frente a este monstruo gigantesco.

Comments