El hallazgo en la última semana de otra cabeza humana en Tuluá, la tercera en lo corrido de este año, es una clara representación del complejo problema de criminalidad que azota a esta ciudad del centro del Valle. Hace menos de tres semanas fue asesinado un periodista en este municipio y se registró una masacre, hechos tras los cuales se anunciaron medidas de seguridad e investigaciones que hasta el momento no han arrojado ningún resultado.

En Tuluá confluyen multiplicidad de ilegalidades que hasta el momento han logrado burlar los anuncios y las medidas de las autoridades; la presencia de disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales en su zona rural, y el narcotráfico y el microtráfico en la zona urbana, hacen de esta localidad un desafío para la Fuerzas Pública y los organismos de inteligencia y justicia del Estado colombiano.

Sin embargo, hasta ahora el papel de las autoridades en Tuluá se ha limitado a ser reactivo y mediático, pues se realizan consejos de seguridad y anuncios posteriores a los hechos de sangre, pero no se logra interrumpir la dinámica de muerte.

Ha llegado a tal nivel la criminalidad en Tuluá que las extorsiones a los comerciantes poco o nada se denuncian, pero cuando se produce un nuevo homicidio de un comerciante, en el voz a voz se da por hecho que fue por el no pago a quienes cobran por dejar funcionar los negocios o por permitir descargar mercancía.

Tuluá necesita la ayuda del Gobierno Nacional en la lucha contra la delincuencia, es claro que las autoridades locales no pueden solas frente a un fenómeno que las sobrepasa y que sólo podrá superarse con una intervención permanente y ofensiva en la que participen todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado.

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