La solicitud de la Gobernación del Valle del Cauca de estudiar la reubicación de algunas mesas de votación en la zona rural de Jamundí, especialmente en el corregimiento de Ampudia, pone sobre la mesa un problema que va mucho más allá de un municipio.

La preocupación surge por la presencia de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y por las dificultades que ha tenido la Fuerza Pública para garantizar condiciones de seguridad en la zona.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño, fue claro al advertir que la sistemática asonada contra las tropas ha impedido el normal despliegue de la Fuerza Pública en lugares donde estarán los puestos de votación.

En esas condiciones, resulta difícil hablar de garantías para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto libremente.

La gobernadora Dilian Francisca Toro insistió en que sin presencia estatal no puede hablarse de plenas garantías constitucionales.

El caso de Jamundí no es aislado. Su zona rural refleja una realidad que se repite en amplias regiones del país donde el control territorial de organizaciones criminales es evidente.

Lo mismo ocurre en zonas del Cauca, en la costa pacífica, en municipios como Tumaco, en regiones del Chocó, en el Catatumbo, en Arauca y en el sur de Bolívar.

En muchos de estos territorios, grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico ejercen influencia directa sobre la vida cotidiana de las comunidades.

El fortalecimiento de estas organizaciones durante el actual gobierno del presidente Gustavo Petro genera preocupación creciente.

Las concesiones en el marco de procesos de negociación y las limitaciones impuestas a la Fuerza Pública para confrontar estas estructuras han permitido que amplíen su dominio territorial. En ese contexto, el riesgo de que intenten incidir en los procesos electorales resulta evidente.

Por eso resultan pertinentes llamados como el que hace la gobernadora del Valle del Cauca. Reubicar mesas de votación cuando existen amenazas reales no significa debilitar la democracia, sino protegerla.

El objetivo debe ser que todos los ciudadanos que quieran votar puedan hacerlo y, sobre todo, que lo hagan sin presiones de organizaciones armadas.

Sin embargo, más allá de ajustes puntuales, el problema de fondo sigue siendo la ausencia de una respuesta estatal contundente frente a estos grupos.

El Gobierno nacional tiene la responsabilidad de garantizar que las elecciones se desarrollen en condiciones de libertad y seguridad. No basta con advertir los riesgos; es necesario actuar para neutralizarlos.

Faltan pocos días para las elecciones del 8 de marzo. Aún hay tiempo para tomar medidas que refuercen la presencia institucional en los territorios más complejos.

El país espera que el Gobierno demuestre con hechos que su prioridad es proteger el derecho de los ciudadanos a votar libremente.

De lo contrario, quedará la sensación de que por omisión se permite que las organizaciones criminales incidan en la democracia en amplias zonas del territorio nacional.

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