Ceder a las pretensiones de quienes ocupan predios que no les pertenecen sería estimular la invasión.

Lo que está ocurriendo en el Cauca con la invasión de predios particulares por parte de miembros de comunidades indígenas es muy preocupante, y si no se maneja de la forma adecuada podría convertirse en un estímulo para la ocupación ilegal de predios, que es uno de los grandes males de este país.

Los indígenas reclaman tierras por dos razones: la primera, porque argumentan ser los propietarios ancentrales de estos territorios, y, la segunda, porque consideran insuficiente el terreno cedido por el Estado en cumplimiento de una condena que obligó a la Nación a entregarle predios a las comunidades autóctonas en reparación por una masacre.

Los indígenas son el 3.4% de la población colombiana, pero son los propietarios del 27% del territorio nacional, y quieren más.

Si bien el argumento de la propiedad ancestral tuvo sentido en la época de la colonia, hoy no se pueden aceptar las diferencias étnicas y raciales para determinar la tenencia de la tierra; los afrodescendientes, los blancos y los indígenas nacidos aquí son todos igual de colombianos, independientemente de lo que ocurrió hace cinco siglos en la conquista.

El Estado colombiano le ha dado condiciones especiales a las comunidades indígenas para proteger sus territorios y su cultura, pero esto no puede ir en detrimento de otros ciudadanos.

En ese sentido, la ocupación de predios privados por la fuerza es inadmisible, y si el Gobierno Nacional cede ante la pretensión de los indígenas que ocupan cuatro haciendas en el Cauca, abrirá la puerta para que vengan más invasiones.

Por lo tanto, por duro que suene, la única salida a este problema debe ser el retiro voluntario por parte de los invasores o el desalojo y la judicialización por parte de las autoridades ante la ocupación ilegal de tierras.

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