Tres hechos registrados en los últimos días deben motivar una revisión integral de la seguridad, pues se constituyen en un preocupante indicador del avance de las organizaciones criminales. El atentado terrorista contra miembros del Esmad en Cali, los hostigamientos en El Queremal y el secuestro de una empresaria en Jamundí no pueden verse de manera aislada ni tampoco deben minimizarse, sería un error fatal.

Veinte años atrás acciones criminales como estas marcaban la cotidianidad de Colombia, por eso en nuestra región, que fue una de las más afectadas, hechos como los citados en el párrafo anterior reviven los temores y generan la inmediata sensación de un regreso al pasado. Por ello, es necesario que se adopten medidas para evitar la consolidación de las organizaciones ilegales que están sembrando terror de nuevo. Este no es un asunto exclusivo de Cali y el Valle ni del suroccidente colombiano, es un problema nacional que debe atenderse de manera integrada con autoridades regionales y locales.

La seguridad no se puede seguir viendo como prioridad exclusiva de un sector político, todo gobernante, independientemente de su línea ideológica, debe comprometerse con la protección de los ciudadanos y no debe escatimar esfuerzos para combatir el crimen; eso deben tenerlo muy claro los candidatos presidenciales, pues el país no puede seguir retrocediendo en este aspecto. Sea de izquierda, de centro o de derecha, todo alcalde, gobernador y, desde luego, el presidente de la República están en la obligación de adoptar medidas y políticas para el fortalecimiento de la seguridad.

El ELN, las disidencias de la Farc y toda organización criminal deben ser combatidos con contundencia, al igual que la delincuencia común, esta es una exigencia que debe hacerse a todos los gobernantes y a los candidatos.

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