Los operativos adelantados por la Alcaldía de Cali la semana pasada en Los Andes y Golondrinas evidencian la magnitud de un problema que la ciudad arrastra desde hace décadas: las invasiones de tierras.

No se trata solo de construcciones ilegales en zonas de reserva forestal, sino de un fenómeno que ha deformado el crecimiento urbano, ha fragmentado la planificación y ha consolidado redes criminales que manipulan a comunidades vulnerables para ocupar predios estratégicos.

Las recientes demoliciones, ordenadas por la autoridad ambiental y ejecutadas por la administración local, revelan que muchos de esos terrenos llevaban años invadidos sin que nadie se atreviera a intervenirlos.

En algunos predios había hasta negocios e incluso una vivienda de lujo.

Al permitir la ocupación ilegal de predios, se afecta el ordenamiento territorial, se interrumpen proyectos de vivienda formal y se comprometen zonas ambientales claves.

Además, al tolerarlas, se cede terreno a grupos ilegales que imponen reglas propias y convierten barrios enteros en focos de inseguridad.

El costo social y económico de las invasiones es altísimo, no solo porque generan viviendas precarias en zonas de riesgo y perpetúan ciclos de pobreza, sino porque regularizarlas termina siendo más caro que prevenirlas.

Reubicar familias, indemnizar propietarios y adecuar redes de servicios implica un gasto desbordado que pudo evitarse con control temprano del territorio.

Cali está todavía a tiempo de detener la expansión de este fenómeno. Dejarlo avanzar significaría condenar a la ciudad a un futuro de desorden urbano, deterioro ambiental y pérdida de confianza institucional.

Hay que continuar la ofensiva jurídica contra los invasores, para recuperar los predios ocupados ilegalmente y, en paralelo, mantener la vigilancia sobre los terrenos que están en la mira de esta mafia, para evitar que sean invadidos.

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