El anuncio de posibles bloqueos en la carretera Panamericana a partir de esta semana, los combates entre el ELN y disidencias de las Farc que completan un mes en el municipio de Argelia, el atentado contra una patrulla de la Policía que dejó dos uniformados muertos en Santander de Quilichao, la toma de predios de Smurfit Kappa en Cajibío y la invasión de la hacienda Río Blanco en Popayán son pruebas contundentes de la compleja situación que se vive en el departamento del Cauca y que requiere la intervención urgente del Gobierno Nacional.

El Cauca es el epicentro de complejos problemas sociales y disputas territoriales agravadas por la confluencia de todo tipo de ilegalidades y, si las autoridades no actúan cuanto antes para restablecer el orden, las consecuencias serán nefastas no sólo para este departamento, sino para todo el suroccidente colombiano.

En Argelia, donde grupos ilegales se disputan el control de los cultivos ilícitos y los laboratorios para el procesamiento de drogas, los combates del último mes dejan 600 desplazados, que se suman a las casi 5.000 personas que han huído de la zona rural de este municipio desde el año pasado por cuenta de la violencia.

Esta semana varios gremios del Valle del Cauca se pronunciaron sobre la situación del departamento vecino, pues las consecuencias humanitarias, de orden público, económicas y sociales de lo que está pasando en el Cauca tienen consecuencias directas en Cali y en toda la región.

Por todo lo anterior, el Cauca debe ser prioridad para el Gobierno Nacional, es necesaria una intervención integral que contenga el avance de los ilegales, atienda a la población afectada por la violencia y garantice las condiciones para que el aparato productivo pueda operar y generar así desarrollo y oportunidades para los caucanos.

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