Las revelaciones que se han hecho en los últimos días sobre la supuesta forma en la que se habría instrumentalizado a las personas secuestradas por las Farc para hacer política amerita una investigación profunda y ágil que establezca cuanto antes la veracidad de las acusaciones, pero más allá del caso puntual de los señalamientos que se hacen contra la exsenadora Piedad Córdoba, es necesario que la justicia llegue hasta el fondo de las investigaciones de la denominada “Farcpolítica”, pues el esclarecimiento de los vínculos entre miembros de la clase política colombiana y la guerrilla es un asunto pendiente.

La “parapolítica” le permitió al país conocer quiénes fueron los políticos que se aliaron con las autodefensas ilegales y se beneficiaron electoral y económicamente de ello. Sin embargo, en el caso de las Farc no ha ocurrido lo mismo, cuando resulta imposible creer que esta guerrilla, con el gran control territorial que alcanzó, así como con su gran capacidad financiera, producto del narcotráfico, no hubiera intervenido en política para favorecer a sus aliados.

Entre 1990 y 2008, Colombia vivió lo peor en materia de secuestro, y fueron las Farc las responsables del mayor número de plagios, caracterizados, además, por la crueldad del grupo guerrillero que sometió a cientos de personas a condiciones de vida infrahumanas en campos de concentración en medio de la selva. Por eso, resulta dolorosa e indignante la posibilidad de que esta práctica abominable pudiera haber sido aprovechada con intereses políticos por quienes actuaron como supuestos mediadores en favor de las víctimas.

Es claro que en campaña se mueven denuncias por intereses políticos, pero esto no debe ser razón para subestimarlas, la obligación de las autoridades es llegar hasta el fondo y establecer la verdad, una verdad que el país sigue esperando.

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