El efecto de lo pactado con las Farc tiene más de simbólico que de real.

Esta semana se cumplen dos años de la segunda firma del acuerdo de paz con las Farc, la que se dio en el Teatro Colón de Bogotá posterior al plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que se impuso la votación contra el acuerdo que había sido suscrito en septiembre de ese mismo año por el entonces presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, en Cartagena.

Superada la discusión del desconocimiento de la voluntad popular que representó el hecho de imponer un acuerdo que fue rechazado en las urnas y que no fue modificado en esencia, hoy resulta complejo hacer un balance del tema, pues si bien las Farc dejaron de existir como organización y la mayoría de sus cabecillas están en la política, en los territorios que controló esta guerrilla la paz no ha pasado del papel a la realidad.

En el Catatumbo, el Putumayo, el Pacífico nariñense, el Chocó y el Cauca, por citar los casos más protuberantes, vastas zonas siguen bajo el control de organizaciones ilegales.

Allí el ELN, disidencias de las Farc y bandas criminales se disputan a sangre y fuego el control de la minería ilegal y el narcotráfico sin que el Estado haya podido recuperar estos territorios.

El tema que se supone debía ser el centro del acuerdo con las Farc, las víctimas, dos años después sigue siendo un punto sin desarrollar, la verdad, la justicia y la reparación prometidas aún no se ven.

Sin desconocer la reducción de hechos terroristas, como las tomas de poblaciones, hoy el efecto del acuerdo de paz sigue siendo más simbólico que real, pues salvo para los cabecillas que hoy fungen como dirigentes políticos y ocupan curules en el Congreso de la República, para los demás actores los beneficios aún no se ven.

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