Sin desconocer otras causas y también otros intereses, es innegable que la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional tres meses atrás fue el principal detonante de todo lo ocurrido a partir del 28 de abril, pues la pretensión de gravar hasta los servicios funerarios y la actitud del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, causaron un nivel de indignación que exacerbó los ánimos.

Por eso, ahora que el Gobierno se apresta a presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria ante el Congreso de la República, es necesario pedir sensatez, para que, considerando los antecedentes mencionados y, sobre todo, teniendo presente la realidad socioeconómica del país, se abstenga de crear o aumentar impuestos que afecten a la disminuida clase media y a los estratos populares.

La reforma será presentada el próximo 20 de julio, cuando se instalará el Congreso, fecha para la que también están convocadas actividades del paro.

La tensión que se vive en todo el país, la elevada insatisfacción ciudadana y la capacidad de estimular la confrontación demostrada por diferentes sectores políticos, son una peligrosa mezcla que podría activarse si la nueva tributaria incumple lo prometido por el Gobierno y le mete la mano a los bolsillos al pueblo.

Es claro que en una situación como la actual, se debe buscar una fórmula para que aporten quienes más tienen, cuidándose, desde luego, de asfixiar al golpeado aparato productivo.

Hasta ahora se conoce que el nuevo proyecto busca recaudar $15 billones y, aunque no se han revelado detalles, el presidente Iván Duque dijo no va a tocar el bolsillo de ninguna persona natural, ni de clase media, ni de los estratos vulnerables, ni la base del impuesto de renta, ni a los pensionados. Ojalá así sea.

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