Cali, febrero 19 de 2025. Actualizado: martes, febrero 18, 2025 21:36

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Mientras el gobierno habla de paz, los grupos criminales han aumentado su pie de fuerza y su capacidad de hacer daño

Crece la amenaza armada en Colombia

El reciente descubrimiento de un aumento en el pie de fuerza de los grupos armados ilegales en Colombia es profundamente preocupante y merece una cuestionamiento serio a las estrategias de seguridad del gobierno nacional.

Según datos publicados por La Silla Vacía, el ELN, junto con varias facciones disidentes de las Farc y el Clan del Golfo, tuvieron colectivamente 16.770 miembros armados el año pasado, lo que marca un aumento del 11%, en comparación con 2022.

Esta escalada en la presencia de grupos armados subraya un fracaso significativo en el enfoque actual hacia la paz y la seguridad.

A pesar del énfasis del gobierno en los acuerdos de paz y el cese de hostilidades, estos grupos se han dedicado a fortalecerse, lo que representa una grave amenaza para la estabilidad y seguridad de Colombia y socava los esfuerzos para lograr una paz duradera.

¿Qué medidas efectivas ha implementado la administración del presidente Gustavo Petro para contrarrestar el resurgimiento de los grupos armados? ¿Qué acciones ha tomado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para enfrentar esta amenaza creciente?

Es claro que los cese al fuego bilaterales acordados con el gobierno han sido aprovechados por estos grupos armados ilegales para expandir sus actividades criminales, incluido el tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión.

Además, el preocupante aumento en el reclutamiento de menores por parte de estos grupos armados exige atención urgente. A pesar de las promesas de proteger a los niños de los horrores de la guerra, el gobierno ha fracasado en combatir eficazmente el reclutamiento forzado, permitiendo que estos grupos se aprovechen de jóvenes vulnerables con impunidad.

Ante estos desarrollos preocupantes, es esencial que el gobierno adopte una estrategia integral y proactiva para desmantelar los grupos armados ilegales.

Buscar una salida negociada no puede ser a costa de desproteger a las poblaciones civiles y de no defender el estado de derecho.

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