La situación del zanjón del burro volvió a discusión en el Concejo de Cali, donde concejales, autoridades ambientales, dependencias distritales, representantes del proyecto urbanístico y habitantes de la comuna 22 analizaron la intervención que se desarrolla en este sector de la cuenca media del río Lili.

Como resultado de los debates de control político, surgió el llamado a mantener la suspensión de las obras, revisar la documentación relacionada con las licencias y avanzar en una mesa técnica que estudie el caso a la luz del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Los concejales Roberto Ortiz Urueña, Flower Enrique Rojas Torres, Sergio Mauricio Zamora Betancur y Rodrigo Salazar Sarmiento plantearon la necesidad de establecer qué entidades otorgaron los permisos para las intervenciones y cuál fue el seguimiento realizado durante su ejecución.

Además, consideraron indispensable revisar el alcance del nuevo POT, actualmente en estudio del Concejo, debido a que este definirá la vocación del suelo y las condiciones para la protección de este corredor ambiental.

La directora del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López Rojas, explicó que el área corresponde a suelo rural y recordó que esa dependencia no expide licencias urbanísticas ni permisos ambientales.

Por su parte, la directora del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), Lina Marcela Botia Muñoz, señaló que, de acuerdo con el análisis del IGAC, los predios intervenidos hacen parte del corregimiento de La Buitrera, por lo que la autoridad ambiental competente es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

También indicó que las obras corresponden a obligaciones urbanísticas derivadas de permisos otorgados entre 1996 y 1999 y que el DAGMA dejó sin efectos actuaciones administrativas previas para que la CVC continúe el proceso correspondiente.

CVC mantiene suspendidas las intervenciones

Durante el debate, la CVC informó que ordenó la suspensión preventiva de toda intervención en el zanjón del burro mientras persista el conflicto entre las obligaciones urbanísticas y las restricciones ambientales que protegen la zona.

La entidad explicó que la licencia urbanística contempla la construcción de una vía que coincide con la ronda hídrica y la franja protectora del afluente, situación que requiere revisión por parte del Distrito.

La autoridad ambiental reiteró que la prioridad es proteger las determinantes ambientales del sector y planteó que la movilidad debe armonizarse con la conservación del ecosistema.

En ese sentido, propuso evaluar alternativas, entre ellas un viaducto, para evitar afectaciones sobre la zona protegida del río Lili.

El secretario de Infraestructura, Daniel Montoya, manifestó que esa dependencia no ejecuta obras en el sector y precisó que la normativa vigente únicamente permite la construcción de senderos peatonales en esa área.

Concejales y comunidad piden una revisión integral

Durante la sesión, la presidenta del Concejo, Daniella Plaza Saldarriaga, respaldó la creación de una mesa de concertación con participación de la comunidad, el constructor, las autoridades y la Administración Distrital para revisar el proyecto y el contenido del nuevo POT.

El vocero del proyecto urbanístico, Miguel Ángel Sánchez, sostuvo que las licencias y el esquema vial datan de 1995 y recordó que un Tribunal Administrativo ratificó su vigencia y la obligación de ejecutar el tramo vial.

También indicó que el inicio de las obras fue notificado a la CVC, aseguró que la tala autorizada de 130 árboles fue compensada con la siembra de 400 ejemplares y afirmó que la suspensión de las obras se produjo sin una motivación técnica, al tiempo que denunció amenazas contra el parcelador.

Los representantes de la comunidad señalaron que la defensa del zanjón del burro responde a un trabajo sostenido durante varios años por organizaciones ambientales y habitantes del sector.

Durante sus intervenciones solicitaron mantener la suspensión de cualquier intervención que pueda afectar el corredor ambiental, revisar las obligaciones urbanísticas asociadas al proyecto vial y avanzar en acciones de restauración sobre las áreas impactadas.

En el cierre del debate, varios concejales coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación entre las entidades responsables del ordenamiento territorial y la protección ambiental.

Asimismo, solicitaron claridad sobre las investigaciones en curso, las posibles sanciones y las decisiones que se adoptarán dentro del estudio del nuevo POT para garantizar la conservación del ecosistema.

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