El país enfrenta una amenaza criminal cada vez más sofisticada. Desde la Contraloría se advierte la urgencia de transformar la estrategia de defensa y seguridad ante fenómenos que ya superan la capacidad de reacción del Estado.

Los grupos armados ilegales usan drones para atacar sin exponerse, expanden la minería ilegal y, en muchos territorios, imponen su propia justicia.

Sin embargo, mientras el crimen se moderniza, el presupuesto para la Fuerza Pública se reduce: el gobierno del presidente Gustavo Petro lo recortó en 900 mil millones de pesos, debilitando la capacidad operativa de las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos.

La realidad es que los criminales avanzan con tecnología, financiamiento y control territorial, mientras el Estado retrocede con discursos y recortes.

El contraste es alarmante: el presupuesto de los grupos ilegales crece al ritmo del narcotráfico, mientras el de la seguridad pública se estanca.

Los sistemas antidrones, por ejemplo, son insuficientes, y las Fuerzas Militares enfrentan armas del siglo XXI con estructuras del siglo pasado.

Además, el aumento del 73 % en el área dedicada a la minería ilegal y el hecho de que el 70% del oro producido termine en circuitos ilícitos demuestran que el crimen está ganando terreno, tanto en la economía ilegal como en el control territorial.

Allí donde debería imperar la ley, mandan los grupos armados. Y aunque las instituciones como la Defensoría del Pueblo emiten alertas tempranas para prevenir tragedias, el gobierno las minimiza, las ignora o las interpreta como sabotajes.

En Colombia no faltan advertencias, falta reacción. Las alertas no son ataques políticos, son avisos para salvar vidas. Pero de nada sirven si el gobierno las desoye.

Muchas de las tragedias que hoy lamenta el país, como desplazamientos, masacres, confinamientos y asesinatos, pudieron evitarse si se hubieran tomado medidas a tiempo.

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