Las elecciones legislativas del pasado fin de semana dejaron un dato que debe llamar profundamente la atención: en términos prácticos, la mitad de los colombianos no votó.

Según las cifras oficiales, la participación fue del 50,62 %, lo que significa que cerca de la otra mitad del electorado decidió abstenerse de participar en la elección del nuevo Congreso de la República.

Se trata de una tendencia que Colombia arrastra desde hace décadas y que vuelve a repetirse en cada jornada electoral.

El país continúa teniendo una de las tasas de abstención más altas de la región, lo que evidencia una democracia que aún no logra movilizar plenamente a sus ciudadanos.

El problema no es menor, pues elegir el Senado y la Cámara de Representantes implica definir quiénes tendrán en sus manos la tarea de hacer las leyes, aprobar reformas estructurales y ejercer control político sobre el gobierno nacional.

Sin embargo, una parte mayoritaria de la ciudadanía sigue prefiriendo mantenerse al margen de esa decisión.

Paradójicamente, muchos ciudadanos suelen reclamar con vehemencia sus derechos, pero no siempre muestran la misma disposición para cumplir con uno de los deberes fundamentales de la democracia: participar en las elecciones.

La abstención termina debilitando el sistema democrático y amplificando el peso de las maquinarias políticas o de los grupos que logran movilizar votantes de manera organizada.

Cuando vota poca gente, los resultados terminan reflejando la decisión de una minoría activa y no necesariamente la voluntad de la mayoría del país.

Por eso la participación masiva sigue siendo uno de los grandes retos de la democracia colombiana.

Dentro de dos meses el país volverá a las urnas para elegir al próximo presidente de la República. Esa decisión marcará el rumbo de Colombia no solo durante los próximos cuatro años.

Las decisiones que toma un gobierno pueden tener efectos de largo plazo sobre la economía, la seguridad, la institucionalidad y el desarrollo social.

Por eso el desafío ahora es claro: aumentar la participación. El propósito colectivo debe ser que más ciudadanos se involucren en la toma de decisiones públicas.

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