Mario Germán Fernández De Soto

El imperio de la ley

Mario Germán Fernández De Soto

En momentos en que pareciera que se debilita nuestra democracia y las instituciones adolecen de respuestas contundentes frente a las distintas problemáticas de un país agobiado por la falta de confianza en sus instituciones, la desigualdad, la corrupción político administrativa, la presencia de grupos subversivos en los territorios, la delincuencia común y la carencia de una coherencia social y política colectiva para asumir posturas firmes que permitan hacer frente a estos fenómenos que azotan la vida democrática, con decisiones de fondo para transformar la nación, se vuelve necesario recurrir a la noción de autoridad y orden. Es decir, privilegiar un mandato para obedecer y ejecutar conductas normativas generando la armonía en las relaciones sociales de una colectividad. Por ello, ya desde 1812 Simón Bolívar se sentía consternado por las luchas internas que se mantenían en las distintas tendencias criollas de la Nueva Granada, donde afloraba la tolerancia con un sistema débil y anárquico que impidió el desarrollo armónico de la Gran Colombia, sueño que no se pudo realizar desde la democracia sino que terminó en la dictadura, cambiando el federalismo por la centralización de la autoridad como lo había expresado el Libertador en su Manifiesto de Cartagena: “… nuestros conciudadanos no se hallan en aptitud de ejercer por sí mismos y ampliamente sus derechos; porque carecen de las virtudes políticas que caracterizan al verdadero republicano”.

Pienso que este es el momento para que Colombia defina su devenir histórico; para que rijan las leyes y la justicia actúe castigando a los delincuentes y defendiendo la vida, bienes y derechos ciudadanos, fortaleciendo de esta manera la legitimidad estatal. Hoy tenemos leyes que contienen la mayoría de deberes y derechos fundamentales, pero que no se aplican porque el aparato jurisdiccional no opera de manera efectiva y oportuna para garantizar el ejercicio punitivo de la normatividad legal vigente y mantener el orden democrático y los derechos de los nacionales.

Un gobierno se sustenta en los principios de la legalidad, la seguridad y la equidad, por lo que el próximo Presidente de la República tiene que asumir su papel para reformar la justicia a fondo que asegure el imperio de la ley. Esta es una prioridad para un Estado social de derecho que requiere la cohesión social para tramitar pacíficamente sus conflictos con una visión humanista que vaya más allá del componente militar y policial, que ejerza con vehemencia la tarea de afianzar los derechos civiles, económicos, sociales, culturales, medioambientales y políticos, haciendo que se avance en una estrategia estatal garantista de la dignidad humana. Colombia no necesita más leyes . Lo que esperamos los ciudadanos es la aplicación justa de éstas para construir una nueva estructura social y política en favor de todos los colombianos.

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