Por estos días, quienes trabajamos en investigación de mercados y, en particular, en medición de opinión pública, asistimos con preocupación a un hecho que no es menor: la decisión de GAD3, una de las firmas internacionales más reconocidas en investigación electoral, de suspender la publicación de encuestas en Colombia.

Lo digo con total transparencia: soy gerente de Analizar, una empresa cuyo core de negocio incluye la investigación de opinión pública, medición electoral y estudios para el sector privado.

Por eso, lo que está ocurriendo no solo lo observo como analista, sino como actor directo de un sector que hoy siente que lo han puesto contra la pared.

La decisión de GAD3 no es caprichosa. Es una reacción a la interpretación de la normativa vigente sobre encuestas electorales en Colombia, que —según la propia firma— hace inviable realizar estudios con estándares mínimos de rigor y viabilidad operativa.

Y aquí es donde debemos detenernos: cuando una norma, en su aplicación, hace imposible medir la realidad, el problema no es la realidad.

Uno de los puntos más críticos es la exigencia metodológica que, en la práctica, pretende que cada ciudadano tenga una probabilidad cierta y perfectamente cuantificable de ser seleccionado.

En teoría suena impecable. En campo, es simplemente inviable. La investigación con seres humanos, especialmente en temas tan sensibles como la intención de voto, no funciona bajo condiciones de laboratorio.

Más preocupante aún es el desconocimiento de la evolución de las metodologías. Hoy, en Colombia —como en casi todo el mundo— la penetración de la telefonía móvil y el acceso a internet permiten construir muestras representativas mediante encuestas telefónicas, digitales o modelos mixtos.

No es una excepción: es el estándar de hoy y la realidad del mundo.

Sin embargo, la interpretación actual parece privilegiar exclusivamente los métodos presenciales domiciliarios, ignorando no solo la evidencia empírica, sino también las condiciones reales del país.

En contextos donde existen restricciones de seguridad o desconfianza, muchas veces los ciudadanos responden con mayor libertad en canales no presenciales. Desconocer esto es desconocer al propio país.

El resultado es aún más grave: no solo se ponen en duda las encuestas telefónicas o digitales, sino que, bajo este criterio, prácticamente ningún método cumpliría los requisitos.

Ni siquiera estudios internacionales de referencia como el Eurobarómetro o el American National Election Studies pasarían este filtro.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿estamos elevando el estándar o estamos cerrando la posibilidad de medir?

Desde mi perspectiva, y la de muchos colegas del sector, lo que estamos viviendo se acerca peligrosamente a una “ley mordaza”. No porque prohíba explícitamente las encuestas, sino porque las vuelve impracticables.

Y las consecuencias trascienden a las empresas. Aquí pierde la democracia.

Sin encuestas fiables, los ciudadanos pierden una herramienta clave para entender el pulso del país. Los medios de comunicación se quedan sin una fuente estructurada para interpretar tendencias.

Y los tomadores de decisiones ven limitada su capacidad de comprender a la sociedad en su diversidad.

Las encuestas no son perfectas —nunca lo han sido—, pero son uno de los instrumentos más valiosos para amplificar la voz de la ciudadanía. Restringirlas o hacerlas inviables no mejora la calidad democrática; la empobrece.

Paradójicamente, en un intento por exigir más rigor, podríamos estar logrando menos información.

Y en un mundo donde la toma de decisiones se basa cada vez más en datos, Colombia corre el riesgo de quedarse rezagada frente a las prácticas globales de medición.

Este no es un llamado a relajar estándares. Es un llamado a entender la realidad. A construir una regulación exigente, sí, pero también aplicable.

A reconocer que la metodología evoluciona y que el país también lo ha hecho.

Porque cuando medir la opinión se vuelve imposible, lo que realmente se pierde no es un negocio. Es la capacidad de escuchar a la sociedad.

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