En Colombia, un gran sector de la población vemos con gran preocupación el constante avance de una situación que en otras latitudes podríamos denominar como caótica.

Vemos un constante descontrol social derivado de las múltiples y profundas desigualdades estructurales en materia social y económica en las ciudades y ni qué decir de la abismal diferencia en las condiciones de vida con los territorios rurales o mal llamados como la “periferia del país”.

Estamos enfrentando grandes desafíos en materia medioambiental, donde el esfuerzo histórico del Estado ha sido insuficiente para preservar de mejor manera y de una forma más decidida, la verdadera riqueza comparativa de nuestro territorio: la megadiversidad de sus regiones.

De igual manera, la economía nacional se está viendo gravemente afectada por la situación de pandemia que actualmente atravesamos, un desafío para el cual debemos hacer esfuerzos adicionales para retomar el rumbo en esta materia.

Sin embargo, hay un aspecto que claramente viene presentando un continuo y preocupante deterioro, la seguridad; y es más preocupante aún, ya que estamos precisamente con un gobierno donde esta ha sido una de sus “banderas” por todo lo que ha representado para el país.

Tener estas “banderas” no ha sido suficiente, y hay que decirlo de manera objetiva, da la sensación que en varios aspectos ha faltado contundencia en su decisión política para enfrentar esta gran amenaza.

Una amenaza que, por experiencia propia de nuestra historia, no es suficiente hacerle frente en el campo militar y policial. Es necesario enfrentarla de manera integral desde el otorgamiento de herramientas para el desarrollo económico individual y colectivo de los pobladores de las diferentes zonas del país, sin importar su condición.
Hago esta referencia sobre la condición, porque el Estado colombiano está tácita, jurídica e internacionalmente comprometido en brindar las condiciones necesarias para el desarrollo y desatraso social y económico de la población rural del país, incluyendo aquellas personas que han apostado hasta el momento por un proceso de dejación de armas de manera pacífica.

Es cierto, hay un grupo de reincidentes en la violencia y en el delito que están haciendo estragos en la zona rural, sin embargo, según el último informe de la Agencia de Reincorporación y Normalización – ARN, fechado el 15 de septiembre de 2020, el 94% de excombatientes acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, siguen apostándole al proceso en la legalidad. En este punto, hay que resaltar un papel esencial que adelantan la Unidad Central del Valle – UCEVA en Tuluá y la Universidad del Valle, llevando un seguimiento juicioso, riguroso y objetivo de los avances del proceso en el Valle del Cauca.

Se debe ser claro en este punto, a los reincidentes en procesos ilegales se les debe enfrentar con todo el peso de la ley y deben ser tratados como lo que son: delincuentes.

Sin embargo, es indispensable que el gobierno nacional apueste por ese desarrollo mucho más allá de discursos en organismos internacionales, una apuesta que no se puede quedar en palabras, sino que debe tener decisiones que se traduzcan en acciones de impacto, de envergadura y que sean integrales.

No es posible que, en diversas zonas del país, entre ellas el Valle del Cauca, cerca del 90% de la población rural no tenga acceso a la educación superior, que sólo el 6% de los desmovilizados perciban que su situación económica es buena y en un porcentaje cercano al 70% sienten que su situación de seguridad es completamente precaria.

En pocas palabras y poniéndose humanamente en los “zapatos del otro”, si no hay educación, no hay oportunidades económicas y su integridad física está en entredicho, es difícil abogar por un proceso que sea sostenible en el tiempo.
Creo que los colombianos no nos merecemos revivir un pasado tormentoso, y para que esto no suceda, es completamente indispensable que nos pongamos de acuerdo en lo esencial: el no regreso de la violencia sin cesar, donde nos inundaban las noticias de masacres, “tomas guerrilleras”, desplazamientos masivos, entre muchas otras tragedias.

Es necesario bajar el tono del discurso incendiario y polarizante de sectores que, en muchos casos, parece que estuvieran más preocupados por los resultados electorales que por el verdadero bienestar de nuestro país. Discursos y polarización que solo conviene a los dos extremos de las visiones políticas que se muestran constantemente en el debate público de Colombia.

Es momento de discursos y argumentos constructivos, que busquen un país más allá de polarizaciones y divisiones, es hora que el ciudadano de “a pie” de un paso adelante, ejemplifique y le demuestre a esos dirigentes, que esa forma de “hacer política” ya es anacrónica y que el país requiere de razones reales para dejar a un lado esas ambigüedades que desconciertan, confunden, dividen, pero sobre todo, hacen daño.

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