El llamado que hizo el presidente electo, Abelardo De la Espriella, a las Fuerzas Militares y a la Policía para que honren su juramento constitucional y no acaten órdenes que vulneren la democracia resulta pertinente frente al preocupante escenario político que atraviesa el país.

No se trata de un pronunciamiento menor, lo que hoy está en juego es el respeto por la voluntad popular expresada libremente en las urnas.

Mientras la elección presidencial fue validada por las autoridades electorales, auditada durante todas sus etapas y respaldada por misiones nacionales e internacionales de observación que certificaron su transparencia, el presidente saliente Gustavo Petro y el excandidato Iván Cepeda persisten en desconocer ese resultado.

A ello se suma el anuncio del Pacto Histórico de insistir en acciones judiciales para intentar revertir una elección cuya legitimidad ha sido ampliamente reconocida.

Petro insiste en denunciar un supuesto fraude del que no ha presentado una sola prueba seria. Ese fraude simplemente no existió. Los escrutinios confirmaron el preconteo.

Frente a esa realidad, los llamados a la denominada “desobediencia civil pacífica” difícilmente pueden interpretarse como simples ejercicios democráticos.

En el contexto actual constituyen mensajes que alimentan la movilización permanente, la confrontación y la deslegitimación de las instituciones. La experiencia reciente de Colombia demuestra que ese tipo de discursos derivan en violencia.

Por eso las Fuerzas Militares y la Policía tienen hoy una enorme responsabilidad constitucional.

Su deber no es servir a un gobierno ni a un proyecto político, sino proteger la Constitución, garantizar el orden democrático y defender los derechos y libertades de todos los colombianos.

Si llegaran a presentarse bloqueos, actos de vandalismo, ataques contra la infraestructura pública o intentos de impedir el normal funcionamiento del país, la respuesta del Estado debe ser inmediata y dentro del marco de la ley.

No puede repetirse la permisividad que permitió durante el estallido de 2021 la prolongación de bloqueos que paralizaron ciudades enteras, vulneraron derechos fundamentales y ocasionaron enormes pérdidas humanas y económicas.

La tolerancia frente a los bloqueos debe ser cero. También frente al vandalismo, la destrucción de bienes públicos y privados y cualquier intento de imponer mediante la violencia lo que no se consiguió democráticamente en las urnas.

Colombia eligió un presidente. Esa decisión fue adoptada por millones de ciudadanos mediante un proceso electoral que ofreció todas las garantías.

Por lo tanto, desconocer ese mandato popular equivale a desafiar uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.

Por eso, hoy más que nunca, las Fuerzas Militares y la Policía deben actuar como auténticos garantes de la Constitución y de la democracia.

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