Hay que tomar medidas para que los violentos no interfieran en el proceso electoral.

Ojalá el asesinato del concejal Jorge Humberto Ramírez en el municipio de La Unión no sea el anuncio de una campaña política marcada por la violencia en el Valle del Cauca.

En el periodo que termina (2012-2015) han sido asesinados seis concejales en el Departamento, y hace pocos días el presidente de la Asamblea del Valle, Luis Enrique Ruiz, reveló que hay cuatro diputados amenazados.

Con los antecedentes de violencia política que tiene el Departamento es necesario que se adopten medidas para evitar que los debates de ideas y propuestas sean reemplazados por amenazas y atentados.

Hay municipios en los cuales organizaciones ilegales interfieren en la política y cada que hay elecciones sacan del escenario a balazos a quienes por una u otra razón no quieren que resulten elegidos. Yumbo, donde en cada campaña local hay políticos asesinados, es la mejor (o peor) muestra de ello. Hace cuatro años el diputado Fernando Vargas, que aspiraba a la Alcaldía de ese municipio fue asesinado, al igual que ocurrió ocho años atrás con Jairo Romero, quien aspiraba al mismo cargo.

Las elecciones de este año tendrán además la amenaza de las bandas criminales, que han fortalecido su accionar en ciudades como Buenaventura y Tulúa, y también en pequeños municipios del norte del Valle. Estos grupos son una grave amenaza para el proceso electoral, pues no representan peligro únicamente para los candidatos contrarios a sus intereses, sino también para los electores. Las presiones que históricamente ha ejercido la guerrilla sobre los votantes en las zonas rurales pueden darse ahora en los centros urbanos por cuenta de las bacrim.

La comisión de seguimiento electoral debe actuar con prontitud ante las denuncias y tomar medidas en aquellos municipios históricamente complejos en tiempo de campaña para evitar que los violentos determinen las decisiones que los ciudadanos deben tomar en las urnas.

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