Siete secuestros en menos de una semana en el Valle del Cauca no son un hecho aislado, sino una señal alarmante de que este delito volvió a tomar fuerza.

El secuestro de una comerciante en Jamundí, ya liberada, el de cuatro jóvenes en el mismo municipio, que aparecieron muertos hace pocas horas, y el plagio de dos víctimas en Buenaventura, evidencian un patrón que preocupa.

Sin embargo, lo más grave es lo que estos hechos representan: el regreso del secuestro extorsivo como práctica recurrente.

Este delito, que marcó una de las etapas más dolorosas del país en los años noventa y comienzos del dos mil, vuelve a aparecer en un contexto donde las víctimas son nuevamente tratadas como mercancía de negociación.

En ese contexto, las cifras nacionales refuerzan la preocupación. En 2025 se registraron 559 secuestros, frente a 313 en 2024, lo que representa un incremento cercano al 80%, según el propio Ministerio de Defensa, un crecimiento no puede explicarse sin analizar el entorno en el que operan los grupos criminales.

Además, resulta contradictorio que varios de los secuestros sean perpetrados por organizaciones que están en procesos de negociación con el gobierno nacional o cuyos cabecillas cuentan con la figura de “gestores de paz”, mecanismo que, en teoría, busca facilitar diálogos, termina percibiéndose como una forma de privilegio o incluso de inmunidad frente a delitos graves.

En consecuencia, la política de “paz total” enfrenta un cuestionamiento inevitable.

Mientras se abren canales de diálogo con distintos actores armados, la ciudadanía percibe una reducción en la presión estatal sobre estas estructuras, lo que puede estar facilitando la expansión de prácticas como el secuestro.

Por eso, bajo ninguna circunstancia este delito puede ser tolerado ni justificado.

No puede convertirse en una herramienta dentro de procesos de negociación ni en un efecto colateral aceptable.

La persecución contra los responsables debe ser contundente y sin excepciones.

Además, el reto para los candidatos presidenciales es claro: El país necesita compromisos firmes frente a la lucha contra el secuestro, sin ambigüedades ni concesiones.

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