Es muy preocupante que la guerrilla amenace con la jurisdicción especial de paz.

Tiene toda la razón el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, cuando advierte que el patrimonio ilícito acumulado por las Farc no será saneado y que a los bienes y recursos no justificados que se le encuentren a los cabecillas del grupo armado ilegal se les aplicará extinción de dominio.

Así debe ser, pues en el proceso de paz se negoció la reincorporación de la guerrilla a la vida democrática, no el lavado de sus activos fruto del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal. Eso es algo a lo que el Estado colombiano no debe renunciar.

Además de respaldar al Fiscal, es necesario analizar las declaraciones del guerrillero “Jesús Santrich”, quien arremetió contra Néstor Humberto Martínez y lo acusó de supuestos vínculos con las autodefensas ilegales.

En su cuenta en Twitter el cabecilla de las Farc escribió: “Fiscal Martínez debería ponerse plazo para contarnos sobre sus vínculos con empresas que apoyaron el paramilitarismo”. Es como si el jefe subversivo, ante el anuncio de que la justicia ordinaria no renunciará a rastrear los bienes ilícitos de la guerrilla, amenazara al jefe del ente investigador con la jurisdicción especial de paz.

Este caso amerita una explicación urgente por parte del Gobierno Nacional, que antes de la votación del plebiscito debe aclarar dos puntos: primero, si las justicia especial de paz será utilizada para judicializar a todo aquel que se atreva a contradecir a las Farc y a actuar en contra de sus intereses. Y, segundo, si la justicia especial de paz será una cacería de brujas en la que hasta un abogado que haya trabajado para una empresa sindicada de financiar el paramilitarismo puede terminar preso.

¿Quien dijo que el acuerdo de paz vuelve intocables a las Farc ante la justicia?

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