Cali, mayo 4 de 2026. Actualizado: jueves, abril 30, 2026 22:11

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Crece el temor

Amenazas y extorsiones no cesan en Buenaventura

La violencia que se vive en Buenaventura volvió a encender las alarmas, esta vez por el impacto directo que tiene tanto en la atención en salud como en la economía local.

El más reciente hecho que estremeció al sector salud ocurrió en el Hospital Luis Ablanque de la Plata, donde un hombre fue asesinado a disparos dentro de las instalaciones, luego de haber ingresado herido tras un ataque en el barrio Nayita.

El crimen, perpetrado en una sala de observación, generó pánico entre pacientes y trabajadores y reavivó el reclamo histórico de mayor protección para los centros asistenciales.

La secretaria de Salud de Buenaventura, Betty Segura, reconoció que la inseguridad dificulta gravemente la permanencia del personal médico.

Según explicó, aunque aún no se han formalizado renuncias masivas, muchos profesionales han manifestado su intención de abandonar sus cargos ante las amenazas y agresiones, especialmente en el área de urgencias.

La situación se agrava porque la ciudad cuenta con solo dos centros asistenciales para atender a una población que supera los 300 mil habitantes.

Desde el Concejo Distrital también se rechazaron estos hechos violentos, al advertir que ponen en riesgo no solo al personal de salud, sino también a los pacientes, y vulneran espacios que deberían ser respetados bajo los principios de la misión médica.

Las autoridades locales anunciaron mesas de trabajo con la Fuerza Pública y un llamado al Gobierno Nacional para reforzar la seguridad en el distrito.

Siguen extorsiones

A este escenario se suma la grave denuncia del obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien alertó sobre el incremento de las extorsiones contra comerciantes.

De acuerdo con el prelado, los grupos delincuenciales tienen identificada la capacidad económica de sus víctimas y exigen pagos que van desde 200 mil pesos mensuales para pequeños negocios, hasta sumas que alcanzan los 20, 30 e incluso 50 millones de pesos al mes.

Esta presión criminal ha llevado al cierre de restaurantes y a que establecimientos del sector pesquero consideren bajar sus puertas.

Para la Iglesia, el impacto es devastador: menos comercio significa menos empleo, más pobreza y un círculo de violencia que se profundiza.


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