Aunque existen muchas entidades que deberían hacerlo, a los colombianos no hay quien los defienda como usuarios.

Los pasajeros de un vuelo comercial entre Cali y Bogotá programado para las 11:30 P.M. del pasado lunes 29 de junio tuvieron que dormir en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (en el piso y en sillas) porque el vuelo fue cancelado.

Los molestos viajeros tuvieron que esperar hasta ayer a las 7:00 A.M. cuando fueron embarcados en otro vuelo, y los pasajeros de la misma aerolínea que estaban programados para esa hora fueron reprogramados para las 3:30 P.M. Es decir que en menos de 24 horas y en el mismo terminal aéreo dos vuelos, con cerca de 150 pasajeros cada uno, tuvieron retrasos de siete y ocho horas y media.

Este tipo de situaciones se está volviendo cada vez más común en los aeropuertos colombianos, donde los vuelos se cancelan y aplazan sin que importen los inconvenientes y molestias que esto genere a los pasajeros.

Aunque hace un mes el Ministerio de Transporte, a través de la Aeronáutica Civil, “endureció” (por favor, hacer énfasis en las comillas) las sanciones para las aerolíneas por este tipo de situaciones, nada ha cambiado, pues los supuestos castigos para estas empresas siguen siendo demasiado laxos. En resumen, los clientes del transporte aéreo en Colombia no tienen quien los defienda.

No es un problema exclusivo de quienes viajan en avión, en general, los colombianos están desprotegidos como consumidores de todo tipo de productos y servicios, pues las superintendencias y demás entidades encargadas de velar por sus derechos son ineficientes e indolentes frente a los abusos, basta ver lo que ocurre con los usuarios de la telefonía celular, con los clientes de las entidades financieras o con los afiliados al sistema de salud, para citar algunos de los casos más críticos. Aquí los ciudadanos llevan siempre las de perder.

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