La pelea entre diputados venezolanos en pleno recinto de la Asamblea Nacional, que dejó a 22 legisladores lesionados, demuestra que la situación en el vecino país está pasando de la tensión a una muy peligrosa acción que puede desembocar en escenarios tan graves como una confrontación ciudadana abierta entre chavistas y opositores o, inclusive, en un golpe de Estado.

Ni en los peores momentos del gobierno de Hugo Chávez se vivió un nivel de polarización y radicalización semejante en Venezuela. Lo más preocupante es que ante el manto de dudas en torno a la legitimidad de la elección del presidente Nicolás Maduro y a los insistentes reclamos de la oposición, el gobierno chavista, si sigue como va, puede llegar a los excesos con tal de mantenerse.

La oposición venezolana se está quedando sin escenarios para hacerse escuchar y para reclamar, pues el chavismo, que controla todas las instancias del poder público, ha puesto toda la institucionalidad al servicio del sostenimiento de Maduro en el Palacio de Miraflores. En ese contexto, quienes no están con el oficialismo no tienen más alternativa que recurrir a la comunidad internacional, que tiene la obligación de actuar para evitar que Venezuela se cierre al mundo y se convierta en una nueva Cuba.

Desde luego, el papel para la comunidad internacional no es fácil, pues debe respetar la soberanía de Venezuela, sus instituciones y sus procesos internos, pero a la vez debe abogar porque se respeten los derechos de la oposición.

En ese sentido, lo mejor que se puede hacer desde otros países, entre ellos Colombia, es insistir en el diálogo entre el gobierno y la oposición en busca de un acuerdo de mutuo respeto, y también en la necesidad de que se permita la veeduría permanente en Caracas de organismos internacionales independientes que hagan las veces de garantes de la auditoría a las elecciones presidenciales, o, de lo contrario, el baño de sangre en Venezuela será inevitable.

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