Los recientes escándalos en la Unidad Nacional de Protección (UNP) plantean inquietantes interrogantes sobre la integridad y propósito de esta entidad.

Lo que debería ser un bastión de la defensa de los derechos y la seguridad de los ciudadanos, especialmente aquellos en riesgo, se está convirtiendo en un recurso para el crimen organizado. Las camionetas de la UNP, destinadas a proteger vidas, ahora parecen ser vehículos al servicio de los delincuentes.

El caso más reciente en Arauca, donde una camioneta de la UNP fue utilizada por el ELN para transportar a una persona secuestrada, es solo una más de una seguidilla de indignantes sucesos.

La captura de un escolta de la Uindad Nacional de Protección en San Pedro, Valle del Cauca, mientras transportaba a una menor para ser entregada a un grupo armado, y el uso de siete camionetas blindadas para mover a disidentes de las Farc, en Antioquia, incluidos cabecillas con órdenes de captura, revelan un patrón alarmante.

Estos hechos ponen en duda el criterio con el que se asignan los recursos y el personal de la UNP. ¿Cómo es posible que una entidad diseñada para proteger a los más vulnerables esté siendo instrumentalizada para fines criminales? ¿Quién está realmente en control de la UNP? Estos sucesos hacen pensar que, en lugar de salvaguardar a líderes sociales, políticos amenazados y firmantes del acuerdo de La Habana, la UNP está facilitando la labor de aquellos que atentan contra la paz y la justicia.

El presidente Gustavo Petro debe actuar con firmeza y transparencia. Si no se aplican correctivos inmediatos, la percepción de que este gobierno prioriza la seguridad de los delincuentes por encima de la de las víctimas se consolidará.

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