La nueva versión entregada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre los audios en los que se escucha a un hombre decir “Ojalá gane el compañero Cepeda” no despeja completamente las dudas que rodean este episodio.

Según el Gobierno Nacional, quien aparece en la grabación no sería un integrante de las disidencias de alias “Calarcá”, sino un extorsionista recluido en la cárcel de Picaleña, en Tolima, que habría intentado hacerse pasar por guerrillero.

Sin embargo, incluso con esa explicación oficial, persisten interrogantes razonables. Primero, porque distintos medios y periodistas sostienen que las grabaciones originales circularon entre líderes comunitarios y no tendrían características propias de llamadas extorsivas desde prisión.

Segundo, porque este episodio aparece después de múltiples denuncias realizadas durante la campaña presidencial sobre supuestas presiones armadas para orientar el voto en determinados territorios.

En ese contexto, resulta imposible ignorar que candidatos como Paloma Valencia denunciaron intimidaciones en zonas bajo control criminal y que Roy Barreras, quien no pertenece a la oposición, admitió públicamente que las disidencias sí tienen capacidad de incidencia electoral sobre comunidades donde ejercen dominio territorial.

Por eso, las dudas no pueden desestimarse ni minimizarse. El propio Iván Cepeda tuvo que pronunciarse hace una semana rechazando cualquier presión armada sobre el electorado y exigiendo investigaciones y sanciones.

El problema de fondo es aún más grave. Durante el gobierno de Gustavo Petro, las organizaciones criminales fortalecieron su control territorial gracias a beneficios y concesiones derivados de la mal llamada “paz total”, de la cual el candidato Cepeda es el principal promotor.

Y, gracias a ello, en muchas regiones, esos grupos hoy tienen capacidad para intimidar comunidades, restringir movilidad y ejercer control social sobre la población.

Por eso, más allá de quién aparezca realmente en el audio, la pregunta central sigue intacta: ¿qué está haciendo el Estado para impedir que grupos criminales interfieran en las elecciones presidenciales? Porque cuando existen territorios bajo dominio armado, la libertad del voto inevitablemente queda bajo sospecha.

Además, las denuncias sobre presiones rara vez aparecen acompañadas de pruebas absolutas, precisamente porque el miedo paraliza a las comunidades.

La coerción armada generalmente opera desde la intimidación silenciosa y desde el control territorial, no mediante órdenes públicas y visibles.

En consecuencia, el gobierno nacional tiene la obligación de garantizar plenamente elecciones libres, transparentes y sin interferencia criminal.

Comments