El aislamiento, como medida para evitar el contagio del Covid-19, prioriza la protección del derecho a la salud y, al mismo tiempo restringe otros derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a la libre circulación e incluso el derecho a la educación, entre otros. A medida que la cuarentena se ha prolongado, la puja entre el derecho a la salud y los otros es cada vez más fuerte.

La principal puja tiene que ver con el derecho al trabajo, a partir del cual las personas garantizan su sustento y el de sus familias. Claramente ahí hay una confrontación insalvable, pues el Estado no tiene cómo garantizarle a cada colombiano lo que en condiciones normales cubre con los ingresos que obtiene de sus labores.

En el caso de la educación, por ejemplo, salvo unos pocos colegios y universidades que venían trabajando en educación virtual, el grueso de los estudiantes de primaria y bachillerato y carreras técnicas, tecnológicas y profesionales no están recibiendo clases con la misma intensidad ni con la misma calidad, y muchos, por falta de internet o de dispositivos, dejaron de estudiar. El derecho a la educación está claramente restringido.

Si bien se entienden las razones del aislamiento, hay que cuidarse de caer en la parálisis, y, como el Estado no tiene la capacidad de garantizar los derechos que se congelan por la cuarentena, debe, entonces, avanzar hacia el desescalamiento responsable de ésta.

Ahí, en ese punto, la responsabilidad es más del ciudadano que del Estado; cada persona debe ser consciente de los riesgos que implican las actividades fuera de casa y debe prepararse para ello. El éxito de esta nueva fase depende del cuidado personal.

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