La ola de violencia que azota a los municipios de Morales, en Cauca, y Jamundí y Dagua, en el Valle del Cauca, tiene a la región en un estado de conmoción y alerta máxima.

Los trágicos atentados del 20 de mayo, que cobraron la vida de cuatro personas, son un claro recordatorio de la persistente amenaza que representan las disidencias de las Farc.

Estos actos de barbarie no solo afectan a las comunidades directamente impactadas, sino que también muestran el riesgo al que está expuesta Cali.

Cali, como anfitriona de la COP 16, que se realizará en octubre, recibirá a delegados de 190 países. Este evento representa una gran oportunidad para proyectar una imagen positiva de la ciudad y de Colombia al mundo, pero la creciente amenaza terrorista en los municipios vecinos amenaza con empañar este importante evento.

Por esto, es imperativo que el gobierno nacional asuma un papel decisivo y activo para garantizar la seguridad la capital del Valle del Cauca y la región.

El alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro han demostrado un firme compromiso con la seguridad de sus jurisdicciones.

No obstante, sus esfuerzos se ven limitados porque legalmente no tienen mando sobre las fuerzas militares, una facultad exclusiva del gobierno nacional.

Por lo tanto, es el presidente Gustavo Petro quien debe asumir la responsabilidad de coordinar una respuesta contundente y efectiva para frenar la violencia que se extiende desde el Cauca hacia el Valle.

La permisividad que ha caracterizado la política del actual gobierno hacia los grupos armados ilegales ha llevado a que estos se fortalezcan y extiendan su influencia.

Es hora de que el gobierno corrija este enfoque y adopte una postura ofensiva y estratégica para frenar a estas organizaciones criminales.

La seguridad de Cali no es solo una cuestión local, sino un asunto de interés nacional.

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