Resulta absurdo que a estas alturas aún se discuta si se debe permitir o no la operación de las aplicaciones digitales de transporte, cuando se trata de una realidad que surgió a partir de los avances tecnológicos, que diversificó el servicio y que abrió alternativas laborales para más de 200 mil personas.

Por eso, preocupa que una vez más desde el Ministerio de Transporte se haya contemplado criminalizar a quienes ofrecen servicio de transporte a través de aplicaciones y sancionar con multas a los usuarios, cuando lo primero que se debe hacer, para avanzar en el tema es dejar atrás ese debate, aceptar la realidad y concentrarse en la definición de unas reglas del juego que permitan que tanto los taxistas convencionales como quienes ofrecen servicios de transporte a través de aplicaciones móviles tengan igualdad de condiciones para competir.

Los taxistas, que no tienen razón al exigir la exclusividad del mercado de pasajeros, sí la tienen cuando alegan que sus costos de operación son mucho más altos que los que tienen quienes prestan este servicio a través de apps y pagan impuestos y seguros con tarifas de vehículos particulares, que son mucho menores, y sin la obligación de comprar un cupo en una empresa transportadora.

Aquí, entonces, hay que hacer un llamado a los propietarios y conductores de taxis para que no insistan en una guerra contra los conductores de Uber y las demás aplicaciones. Todos tienen el mismo derecho al trabajo y hay pasajeros para todos.

El Gobierno Nacional, por su parte, debe agilizar la definición de unas reglas del juego que pongan a todos los transportadores urbanos en el mismo nivel, y así acabar con el principal factor de discordia.

Foto: Pexels

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