Las dificultades para realizar trámites públicos son una antesala de la corrupción.

Cuando un ciudadano debe realizar diligencias ante las entidades públicas se expone, en la mayoría de los casos, a ser víctima de la ineficacia o de la corrupción, o, en el peor de los escenarios, de los dos.

En la mayoría de las dependencias que tienen que atender trámites como la expedición de licencias o permisos un ciudadano se encuentra con toda serie de dificultades: largas esperas, dilataciones, trabas, falta de respuestas y la remisión de un funcionario a otro sin que nadie resuelva nada.

Si esto es grave, más grave es la verdad de la aparente ineficacia, que no es más que una coartada para obtener una coima. Cuando el ciudadano está desesperado porque su requerimiento no es atendido oportunamente, aparece alguien que se ofrece a “colaborarle”, a cambio de una retribución económica.

Es una verdad a la luz que los órganos de control no ven o no quieren ver porque allí también se da esta práctica: hay funcionarios que dificultan los procesos a propósito para después ofrecer una solución rápida a cambio de una mordida. Así, se cobra por todo tipo de permisos o por pagarle a tiempo a un proveedor y se ofrecen otros “servicios”, como adulterar documentos, manipular liquidaciones y hasta propiciar caducidades en el cobro de impuestos y contribuciones.

Prueba de lo anterior es la pérdida de cien mil millones de pesos denunciada la semana pasada por el gobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado Blandón. Todo indica que este detrimento patrimonial es producto de una red que opera al interior de la administración seccional desde hace varios gobiernos.

Según la información entregada por el Mandatario, desde la oficina de Rentas se manipulaban los procesos para propiciar caducidades en el cobro de impuestos y alterar boletas fiscales y liquidaciones.

Lo más grave en estos casos es que se trata de carteles tan enquistados que sobrepasan el control de las directivas.

Tal vez ésta sea la razón por la que la ley antitrámites no funciona: la tramitología no está determinada por los pasos y los requerimientos sino por la corrupción.

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