La masacre de 123 personas en la región del Naya, en López de Micay, Cauca, es un recordatorio brutal de que este flagelo no ha disminuido bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo que resulta aún más preocupante es que, mientras esta violencia persiste, el actual gobierno parece haber reducido su atención sobre el tema, mientras que durante la campaña electoral, frases como “nos están matando” se convirtieron en un grito de lucha entre sus aliados y simpatizantes. ¿Esa indignación desapareció?

El presidente Petro y su coalición denunciaron incansablemente las masacres en el pasado, exigiendo justicia y clamando por el fin de la violencia. Sin embargo, tras más de dos años en el poder, las masacres continúan. La pregunta que surge es: ¿por qué ahora, cuando tienen la oportunidad de actuar, han optado por el silencio y hasta la inacción, en algunos casos?

Las cifras son alarmantes. En lo que va del 2024, se han registrado 47 masacres, mientras que en 2023 hubo 93 con más de 300 víctimas, y en 2022, 94. ¿Cómo puede el gobierno justificar estas cifras cuando pregonaba que las masacres eran una prioridad en su agenda? La respuesta podría encontrarse en la fallida estrategia de “paz total,” una política que ha otorgado concesiones y ceses bilaterales a grupos armados ilegales que no cumplen los acuerdos, mientras que la Fuerza Pública sigue atada de manos.

Estas treguas unilaterales han permitido que las organizaciones criminales se fortalezcan, intensificando la lucha por el control de territorios y economías ilícitas, como los cultivos de coca y la minería ilegal. El gobierno cayó en una peligrosa “romantización” de la voluntad de paz de estos grupos, que no buscan la reconciliación, sino el poder y la riqueza a cualquier costo.

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