El hablar del caso de alias “Jesús Santrich” hay que separar el proceso judicial contra el exguerrillero fugitivo y la implementación de acuerdo con las Farc.

En los pronunciamientos hechos por el presidente de la República, Iván Duque, ha quedado claro que el Gobierno Nacional tiene la intención de cumplir los compromisos adquiridos por el Estado con los excombatientes que sigan adelante con su proceso de reinserción y las obligaciones legales y sociales que ello implica. Y al mismo tiempo ha quedado claro también que los exguerrilleros que incumplan, perderán todos los beneficios y caerá sobre ellos todo el peso de la ley. Así debe ser.

En ese sentido, hoy nadie puede salir a reclamarle a las autoridades colombianas por la orden de captura contra “Santrich”, pues fue él, no el Estado colombiano, quien decidió salirse de los parámetros legales.

Cuando la Corte Suprema de Justicia recibió el caso del exguerrillero, hace tres semanas, no ordenó su captura, decisión que desató un debate que aún continúa, pues se vio como un favorecimiento a “Santrich”. Ahora esa controversial decisión se convirtió en un argumento en contra del exnegociador de las Farc, pues no puede alegar falta de garantías por parte de la justicia colombiana.

En ese sentido, hoy nadie, ni la comunidad internacional ni los otros excabecillas de las Farc ni los dirigentes de la oposición tienen argumentos válidos para defender a “Jesús Santrich”; el proceder del exguerrillero fugitivo valida no solo la orden de captura en su contra, sino también la pérdida

de todos los beneficios que le otorgó el acuerdo de paz, y sugiere que, si huyó de una justicia que le dio todas las garantías, tal vez es culpable de lo que se le acusa.

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