Los recientes señalamientos del excanciller Álvaro Leyva, quien en una carta habló sobre la supuesta drogadicción del presidente Gustavo Petro, deben servir como punto de partida para una discusión de fondo.

Colombia necesita trascender el escándalo coyuntural y debe comenzar a debatir seriamente los criterios que tienen que cumplir quienes aspiran a gobernar, entre los cuales, sin excepción, debe estar la salud mental y emocional del candidato.

Un líder que no esté en pleno dominio de sus facultades no solo pone en riesgo sus propias decisiones, sino que compromete la estabilidad y el futuro de un país entero.

Expertos en salud mental y gobierno advierten que una persona con dependencia de sustancias psicoactivas puede experimentar alteraciones cognitivas, impulsividad, fallos en la toma de decisiones y dificultades para sostener relaciones institucionales estables.

En un cargo como la Presidencia de la República, donde cada palabra tiene repercusión internacional y cada acto afecta a millones de ciudadanos, estos riesgos se multiplican.

La psiquiatría y la neurología son claras: el consumo habitual de estas sustancias afecta la corteza prefrontal del cerebro, clave para la toma de decisiones racionales.

Por eso, permitir que alguien en esa condición gobierne es simplemente un acto de irresponsabilidad colectiva.

El Congreso de la República, tan dado a reformar la Constitución para beneficios políticos, debería ahora pensar en una reforma que proteja la democracia.

Es necesario que, a partir de las próximas elecciones, todos los aspirantes a cargos de elección popular, empezando por la Presidencia, deban someterse a evaluaciones médicas y psicológicas obligatorias que certifiquen su idoneidad.

Así como se exige un examen de alcoholimetría para manejar un vehículo, con mayor razón se debe exigir claridad mental a quien manejará el destino de 50 millones de personas.

El país no puede seguir confiando sus instituciones al azar o a la fe en el juicio personal de los candidatos. La salud mental debe ser un requisito innegociable para ejercer el poder.

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