Aunque el mensaje del presidente Gustavo Petro rechazando el asesinato de 27 miembros de la Fuerza Pública en el marco del llamado “plan pistola” era necesario, no puede considerarse suficiente.

La demora en pronunciarse contribuyó a alimentar la sensación de abandono que hoy sienten soldados y policías, quienes enfrentan una ofensiva directa de los grupos criminales mientras desde el gobierno se adopta una política de seguridad incoherente.

El problema no es solo el silencio, sino la estrategia. En nombre de la paz, el gobierno nacional insiste en mantener los mal llamados “ceses bilaterales”, que en la práctica han significado una desventaja para las fuerzas legítimas del Estado.

Mientras soldados y policías deben abstenerse de operar en ciertos territorios, los criminales aprovechan esa pasividad para expandir su control, someter a las comunidades y fortalecer sus estructuras.

Rechazar el asesinato de uniformados no basta. El presidente Petro debe asumir con responsabilidad el impacto de sus decisiones sobre el terreno.

Si su política de seguridad sigue beneficiando más a los ilegales que a la ciudadanía, se profundiza el riesgo para todos, en especial para quienes llevan el uniforme del Estado.

Se requiere un giro real, que les devuelva a los miembros de la Fuerza Pública el respaldo institucional y operativo que hoy no tienen.

Los grupos armados ilegales no se desactivan con discursos, sino con decisiones firmes. Mientras el gobierno del presidente Petro continúe limitado a llamados simbólicos, los enemigos de la legalidad seguirán cobrando vidas impunemente.

La seguridad no es un tema ideológico, es un deber constitucional, y su ausencia, una deuda mortal.

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