Hace pocos días, la Cámara de Comercio de Cali reveló un estudio según el cual el 31,5% de las empresas afiliadas en la ciudad aplazaría sus proyectos de inversión, principalmente por la incertidumbre económica, la incertidumbre política y problemas de flujo de caja. Es, sin duda, una pésima noticia en medio de las señales que indican que Colombia está ante una inminente recesión económica.

La preocupación de los empresarios es comprensible, desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro se han enviado señales de inestabilidad para el sector privado que desestimulan la inversión, como todo lo ocurrido durante la permanencia de Irene Vélez como ministra de Minas y energía.

En un contexto internacional inflacionario, el gobierno de Colombia debería estar dedicado a propiciar las mejores condiciones para la inversión y la expansión empresarial, y buscando una y otra forma de mover la economía en todos los niveles, pero se ha dedicado exactamente a hacer todo lo contrario.

Además de anuncios como el de una reforma laboral que podría aumentar el desempleo, el gobierno nacional tiene un bajísimo nivel de ejecución, y al no ejecutar oportunamente los recursos, afecta a toda la cadena que directa e indirectamente se nutro financieramente de ello. En el caso del agro, por ejemplo, la lentitud en los proyectos llega casi al nivel de la parálisis, lo que afecta a los proveedores de insumos y todo tipo de materiales y herramientas, pero también a los trabajadores del sector y, desde luego, a los campesinos.

Se conjugan, entonces, varios factores: el contexto internacional, la inestabilidad que generan los anuncios del gobierno, la desconfianza con la que trata el gobierno a los inversionistas y la parálisis del gobierno en la ejecución de los recursos. Una mezcla peligrosa que no se sabe a dónde pueda llevar a Colombia.

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