El presidente Gustavo Petro insiste en desconocer la separación de poderes y el papel del Congreso en la democracia colombiana.

Luego de que sus reformas enfrentaran trabas legislativas, Petro aseguró que el Congreso está “burlándose del voto popular”, sugiriendo que su elección le otorga un mandato absoluto para aprobar cualquier iniciativa.

Sin embargo, el Congreso de la República también fue elegido por voto popular y tiene la función constitucional de debatir y decidir sobre los proyectos del Ejecutivo.

Petro no puede creer que la Presidencia le otorga un poder ilimitado; Colombia es un Estado de derecho con tres ramas del poder público independientes.

No es la primera vez que el mandatario intenta imponer sus reformas por encima del Legislativo.

En reiteradas ocasiones, Petro ha señalado a los congresistas como enemigos del cambio, cuando en realidad están ejerciendo su función de control y debate.

Insistir en deslegitimar al Congreso y alimentar la narrativa de que las instituciones son un obstáculo para su gobierno es un camino peligroso.

El presidente debe entender que gobernar requiere diálogo y construcción de consensos, no imposiciones ni presiones desde las calles.

Sus amenazas de convocar a la gente para presionar al Congreso no solo debilitan la institucionalidad, sino que recuerdan tácticas de regímenes que desprecian el equilibrio de poderes.

Colombia necesita reformas bien estructuradas, pero sobre todo necesita respeto por sus instituciones.

El presidente Petro tiene el deber de trabajar con el Congreso, no de intentar doblegarlo con movilizaciones.

Si realmente quiere cambios para el país, debe buscar el consenso, no imponer su voluntad a toda costa.

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