¿Por qué el gobierno nacional sigue sin tomar medidas contundentes para frenar los ataques contra los trabajadores de la agroindustria de caña?

El pasado fin de semana, en Miranda, Cauca, hombres armados dispararon contra dos trabajadores de Riopaila Castilla, uno de ellos perdió la vida y el otro quedó herido.

Pese a la gravedad, el hecho pasó desapercibido y más allá de los ingenios azucareros y Asocaña, no se escucharon voces oficiales que condenaran el crimen ni mucho menos se conocieron acciones encaminadas a evitar que hechos como estos se repitan.

Hay que adoptar medidas urgentes para garantizar la vida y el derecho al trabajo de quienes laboran en las plantaciones y los ingenios, así como el derecho a la propiedad privada de quienes son los legítimos dueños de los predios.

Estas son obligaciones del gobierno nacional, consagradas en la Constitución política de Colombia y, por lo tanto, su cumplimiento no puede depender de la afinidad ideológica del gobierno de turno con los invasores de tierras.

En el norte del Cauca el sector azucarero está al borde de caer en la parálisis por cuenta del miedo de los trabajadores frente a los cada vez más agresivos invasores, que ya pasaron de las amenazas y las intimidaciones a hechos de sangre.

Si la justificación latente de la invasión de tierras es grave, más grave es que no importe la vida de los trabajadores del sector azucarero.

La opinión pública debe presionar acciones del gobierno para frenar este flagelo, que no puede verse como un problema exclusivo de los ingenios.

En el norte del Cauca hay cerca de 50 mil familias que dependen directa e indirectamente de la agroindustria de la caña, y si este sector se paraliza por cuenta del acoso al que es sometido, quienes hoy viven de éste quedarán expuestos a la pobreza.

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