Hace pocos días la vida de una mujer en trabajo de parto y de su bebé, que eran trasladados de urgencia de Buenaventura a Cali, estuvo en riesgo por cuenta de un bloqueo en la carretera.

Los indolentes manifestantes no le dieron paso a la ambulancia y, por fortuna, el conductor logró, en medio de las dificultades, sacar el vehículo del taponamiento.

En el último mes la vía a Buenaventura ha sido bloqueada en dos oportunidades por habitantes de Loboguerrero que reclaman ante el incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno nacional.

Aunque es cierto que delegados del Ministerio del Interior dejaron esperando a la comunidad, esto no justifica que se bloquee el paso de la vía.

Los bloqueos de carreteras violan el derecho de libre circulación de las personas, el cual es fundamental en cualquier sociedad democrática. Estos bloqueos pueden afectar a ciudadanos comunes, trabajadores, servicios de emergencia y comercio, limitando su capacidad para movilizarse libremente y acceder a servicios esenciales.

En el caso puntual de Buenaventura, por tratarse del principal puerto del país, cada vez que se bloquea la vía se causa una grave afectación a la economía nacional.

Lamentablemente, esta no es la única vía afectada con frecuencia por los bloqueos, otras carreteras, como la Panamericana, entre Cali y Popayán, son objeto recurrente de taponamientos utilizados como mecanismos de presión.

En Chocó, en Santander, en Antioquia y en la costa Caribe también se han vuelto costumbre los bloqueos.

El gobierno nacional debe atender oportunamente los reclamos ciudadanos y los brotes de insatisfacción para evitar que deriven en vías de hecho, y cuando se presenten taponamientos, debe, entendiendo que el bien general está por encima del bien particular, intervenir con la fuerza pública y levantar los bloqueos; no hacerlo valida estas acciones como protesta y expone a graves consecuencias a las poblaciones que quedan incomunicadas.

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