Ojalá la confidencialidad con la que se maneja el proceso de paz no sea ocultamiento de información.

Aunque el proceso de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc lleva un año y cuatro meses y se han aprobado dos de los cinco puntos de la agenda, el país no conoce en detalle nada de lo acordado. Más allá de las declaraciones dadas por las partes, lo pactado hasta el momento es secreto.

Si bien se entiende que los diálogos se manejen con cierto grado de confidencialidad para evitar interferencias, preocupa que bajo esa discreción se esté negociando un nuevo modelo de Estado.

Las versiones extraoficiales hablan de temas preocupantes que se habrían acordado en los dos puntos ya negociados con la guerrilla, como la posible limitación a la propiedad privada y restricciones a la tenencia de tierras.

Ante versiones tan graves, el Gobierno Nacional no puede guardar silencio y debe contarle al país qué  ha negociado con las Farc en Cuba.

Sería inadmisible que en el afán de firmar un acuerdo con la guerrilla se implementara en Colombia un modelo similar al de Venezuela, donde el chavismo adelantó reformas con las que atacó la inversión privada, acabó con la industria y el comercio y condujo al país hacia la compleja situación que vive hoy.

Por lo anterior es muy importante que todo lo pactado entre el Gobierno y las Farc sea sometido a aprobación tanto del Congreso de la República como de la ciudadanía, pero con información clara y suficiente.

Ante acuerdos que pueden cambiar sustancialmente el modelo del Estado el  único mecanismo de refrendación válido debe ser el referendo, cualquier otro que suprima la participación popular no debe admitirse.

Lo que pacten Gobierno y Farc afectará para bien o para mal la vida de los colombianos, por lo tanto los ciudadanos tienen todo el derecho a conocer los términos de las negociaciones y refrendarlas o refutarlas, como los constituyentes primarios que son.

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