El fraude electoral en Venezuela, que favoreció a Nicolás Maduro, suscitó diversas reacciones en la comunidad internacional, pero la postura del presidente Gustavo Petro ha sido preocupantemente ambigua.

Mientras que de transparencia, su embajador en la OEA se abstuvo de votar a favor de una resolución que exigía la publicación de las actas de votación.

El papel de la comunidad internacional ha sido contundente en denunciar las irregularidades y exigir medidas correctivas.

Sin embargo, Petro, al igual que su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, optó por la tibieza, colocando afinidades ideológicas por encima de los principios democráticos. Esta postura es inaceptable.

La democracia debe estar por encima de las lealtades políticas; Maduro es un usurpador, y cualquier presidente que se considere defensor de los derechos humanos y la democracia debe distanciarse claramente de un fraude electoral, sin importar la línea política del infractor.

Este no es un asunto de izquierda o derecha, ni de chavismo o antichavismo. Se trata de respetar la voluntad popular de los venezolanos, quienes cada vez aportan más pruebas del fraude.

Abstenerse de tomar una posición clara no solo genera complicidad por omisión con el delito electoral, sino también con la brutal represión que Maduro ejerce contra aquellos que demandan sus derechos.

Para Colombia es fundamental que su presidente tome una posición abierta y clara frente a un dictador; esto le dará al país la confianza de su gobernante nunca romperá el equilibrio democrático para mantener el poder.

Una postura titubeante sólo generará dudas sobre el verdadero compromiso con la democracia y los derechos humanos.

La historia no perdonará la ambigüedad frente a un atropello tan flagrante contra la voluntad popular.

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