El pasado fin de semana un grupo de indígenas ingresó a una hacienda en Miranda, Cauca, y luego de amenazar a los trabajadores del predio procedieron a destruir 30 hectáreas de cultivos de caña y levantar cambuches.

Sólo un par de días después, un grupo armado al margen de la ley llegó hasta el ingenio La Cabaña, en Guachené, y secuestró a dos personas.

Estos son sólo algunos de los casos registrados en lo corrido de junio en este departamento, donde los ataques contra los trabajadores de la agroindustria azucarera, así como la ocupación ilegal de predios se volvieron algo cotidiano.

Durante los 10 meses transcurridos del actual gobierno nacional se ha agudizado el fenómeno de la invasión de tierras en el Cauca; trabajadores de la caña han sido víctimas de amenazas, agresiones, secuestros y hasta homicidios, y pese a los muchos llamados que se han hecho desde diferentes sectores, las autoridades se han limitado a promover el diálogo entre las partes.

Si bien es válido invitar a la concertación, las autoridades no pueden convertirse en observadoras de un fenómeno que pone en riesgo vidas humanas y los derechos al trabajo y a la propiedad privada.

Aquí hay hechos ilícitos que deben ser tratados como tal. Si hay delitos, hay que intervenir, y si hay amenazas de más ataques e invasiones, se deben tomar las medidas necesarias para evitarlos.

Desde la campaña y ahora en el gobierno, el presidente Gustavo Petro y miembros de su equipo han mantenido un discurso que, contrario a condenar la invasión de tierras y todas las manifestaciones violentas conexas, parece justificarlo.

Una narrativa peligrosa reforzada con la inacción de la fuerza pública contra los invasores, que pone en riesgo el sustento de los habitantes de siete municipios del norte del Cauca cuya economía depende en gran medida de la agroindustria de la caña. ¿Por qué el gobierno nacional no interviene en el Cauca?

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