Como parte de la reforma agraria, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, publicó el borrador de un decreto a través del cual promueve “la movilización y organización campesina”, el cual generó inmediata preocupación ante los alcances que pueda tener en materia de orden público.

La preocupación es válida, pues durante el actual gobierno se han intensificado las vías de hecho relacionadas con líos de tierras que, además de reiterativos bloqueos, han terminado en hechos de violencia como los ocurridos en marzo pasado en San Vicente del Caguán, Caquetá, donde miembros de una organización campesina que protestaban contra una petrolera, secuestraron a 79 policías y a 6 empleados de esta compañía, hecho que fue justificado por el gobierno nacional que lo calificó como un “cerco humanitario”.

En ese sentido, preocupa que el mismo gobierno que recurre a eufemismos para justificar las vías de hecho, termine creando un marco legal que impida que las autoridades intervengan cuando una protesta derive en abusos y hechos ilegales.

En Colombia la protesta es un derecho y debe seguir siéndolo, pero dentro de los límites pacíficos y legales. Por eso preocupa que el gobierno, que debe resolver oportunamente las demandas ciudadanas, sea el que incite a la movilización.
El presidente Petro y sus ministros no pueden olvidar que el orden público es responsabilidad del gobierno nacional y que el llamado a la movilización, que es una manifestación colectiva que se lleva a cabo a modo de protesta, crea un ambiente propicio para alteraciones y vías de hecho que no le convienen al país.

Estimular la movilización para presionar la aprobación de la reforma agraria es irresponsable y peligroso, porque crea tensiones innecesarias. Ojalá el gobierno, que tanto habla de paz, entienda la delgada línea que hay entre movilización y violencia.

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