La ponencia que busca excluir la píldora del día después del Plan obligatorio de salud, POS, representa una amenaza para la lucha contra los embarazos no deseados y su aprobación ocasionaría un retroceso en un país que tiene una alta necesidad de controlar la natalidad.

La decisión está en manos de la Corte Constitucional, que debe resolver una demanda interpuesta por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien pidió anular el fallo que ordenó la inclusión de esta pastilla en el POS, por considerarla abortiva.

Aquí hay que pedirle a los magistrados que tomen la decisión con base en información médica, lejos de posiciones morales y religiosas, como corresponde en un estado laico.

Según Profamilia, la píldora del día después es un método anticonceptivo de emergencia, no se le considera un abortivo porque si al ser utilizada ya hay fecundación, su uso no la interrumpe y el embarazo continúa normalmente sin ocasionar daño alguno al feto. Se trata de un medicamento que impide o retrasa la ovulación y dificulta el paso de los espermatozoides hacia el óvulo, evitando así la fertilización, por lo que se recomienda en caso de relaciones sin protección, cuando se presenta alguna falla del método anticonceptivo o ante un caso de abuso sexual. En resumen, el uso de esta pastilla no interrumpe el embarazo, sino que lo evita.

En Colombia es necesario combatir los embarazos no deseados, que se han convertido en un factor de perpetuación de la pobreza, y sólo hay dos vías para hacerlo: educación y facilitación de métodos anticonceptivos.

Contrario a restringir los medios para controlar la natalidad, Colombia debe ir más allá y adoptar una política pública agresiva para promover la planificación familiar, y sacar del POS la píldora del día después iría en contravía de lo que debe ser la posición responsable del Estado en la materia.

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